En un giro dramático en la política italiana, la primera ministra Giorgia Meloni junto a varios integrantes de su gabinete se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía. La investigación, orquestada por el fiscal Francesco Lo Voi, se centra en la cuestionable liberación y posterior repatriación del jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, buscado activamente por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
El caso se remonta a la noche del 19 de enero, cuando Al Masri, detenido previamente en Turín y sujeto a una orden de arresto de la CPI por su implicación en asesinatos, tortura, violaciones y violencia sexual, fue inexplicablemente liberado y enviado de vuelta a Trípoli en un avión oficial italiano. Esta decisión ha levantado sospechas de encubrimiento y malversación por parte de los altos funcionarios italianos involucrados, incluyendo a Meloni, al ministro de Justicia, Carlo Nordio; al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y a su subsecretario de Presidencia, Alfredo Mantovano.
En una respuesta desafiante a las acusaciones, Meloni criticó al fiscal Lo Voi en un vídeo publicado en las redes sociales, sugiriendo que detrás de la denuncia podría estar Luigi Li Gotti, un abogado notorio por su defensa a arrepentidos de la mafia y presuntamente cercano al ex primer ministro progresista Romano Prodi. “No permitiré que me extorsionen ni me dejaré intimidar”, afirmó, indicando que seguirá adelante en defensa de los italianos.
La controversia se profundiza a la luz de las declaraciones de Meloni, quien argumenta que la CPI envió la orden de arresto contra Al Masri en un momento peculiarmente conveniente, justo cuando éste estaba por ingresar a territorio italiano, y además sin seguir el protocolo establecido con el Ministerio de Justicia italiano. Como resultado, el Tribunal de Apelación de Roma no convalidó la orden, llevando al gobierno a tomar la decisión de expulsarlo inmediatamente por razones de seguridad, según explicó.
El caso de Al Masri, acusado por la CPI desde 2015 de estar detrás de atroces crímenes en Libia, incluidos asesinatos y violencia sexual cometidos en instalaciones carcelarias de Trípoli, pone en entredicho no solo a la administración de justicia italiana, sino también a la dinámica entre la justicia internacional y las políticas internas de los estados miembros. Además, con otras siete órdenes de arresto pendientes de la CPI, incluyendo a Saif al Islam Gadafi, hijo del difunto dictador libio Muammar Gadafi, este incidente revela las complejidades del entramado legal y político a nivel global.
La investigación continúa revelando capas de una trama que tiene implicaciones nacionales e internacionales, resaltando las difíciles decisiones y las complejidades políticas y judiciales enfrentadas por los países involucrados en la recepción y manejo de individuos acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad.
