Los Servicios de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha han obtenido acceso a la base de datos del Colegio de Registradores de la región, específicamente al Registro de Titularidades Reales (Retir). Este acceso tiene como objetivo mejorar la fiscalización de los contratos públicos que afectan a la Administración autonómica.
El presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, firmó un convenio con el decano del Colegio de Registradores, Alfredo Delgado, que permite esta nueva colaboración. Este registro, creado en cumplimiento de normativas europeas, proporciona información sobre quiénes son los verdaderos tenedores de las sociedades mercantiles.
Andújar destacó que, gracias a este convenio, la Cámara podrá conocer quiénes son los titulares de las empresas públicas de una manera «menos complicada». Añadió que esta información es crucial para realizar una mejor supervisión de los contratos públicos, un proceso que él describió como «más pantanoso» debido a las complicaciones que pueden surgir al seleccionar un contratista.
“Para auditar o fiscalizar los contratos que hace la Junta o los demás entes públicos podemos saber quién está detrás de estas empresas”, señaló Andújar. Además, el acceso al registro permitirá un análisis más detallado de los perceptores de ayudas públicas.
Alfredo Delgado, por su parte, celebró que este convenio facilite, «sin coste alguno», la identificación de los titulares reales de sociedades, así como de aquellas sociedades que se encuentran en la cadena de control de un titular real. Este registro no solo servirá para mejorar la transparencia en el ámbito empresarial, sino que también contribuye a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la corrupción.
El decano del Colegio de Registradores informó que el registro cuenta con 3 millones de sociedades inscritas, de las cuales entre el 5 y 7 por ciento están registradas en Castilla-La Mancha. También hizo hincapié en la iniciativa del Colegio de sensibilizarse sobre el blanqueo de capitales, lo que llevó a la creación del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que utiliza la información de los Registros de Propiedad, Mercantiles y de Bienes e Inmuebles.
En todo el país, se generan aproximadamente 15.000 alertas anuales sobre posibles fraudes, de las cuales unas 300 corresponden a Castilla-La Mancha. Estas alertas son consideradas «muy eficaces» para detectar irregularidades.
El convenio firmado tendrá una duración aproximada de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un plazo igual, previo acuerdo entre ambas partes.
