Ciudad Real, 9 de diciembre de 2024
Más de 89.000 personas se han beneficiado de alguna de las deducciones fiscales incluidas en la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha en la campaña de la Renta del 2023 que tienen un monto total de 40 millones de euros, lo que supone 7.000 personas más que el año anterior.
Cifras que ha avanzado hoy el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, tras la reunión del Consejo Regional de Despoblación que se ha celebrado hoy en Ciudad Real. Se trata, tal y como ha subrayado, de datos de la Agencia Tributaria donde se puede ver el incremento de beneficiarios con respecto a la campaña anterior.
En concreto, se ha detenido en las declaraciones que han podido bonificarse la residencia en los municipios en riesgo de despoblación, en intensa despoblación y en extrema despoblación de la Comunidad Autónoma y que en la pasada declaración de IRPF han ascendido a 85.775. Una cifra que supone un 53 por ciento de beneficiarios más que en la primera campaña de la renta con la entrada en vigor de la Ley.
Además, y ahondando en las cifras, el vicepresidente primero ha destacado las 1.608 desgravaciones contabilizadas por la Agencia Tributaria por traslado de vivienda a estas zonas, lo que se traduce en que “estas personas que se han ido a vivir a esos territorios”.
En este punto, Martínez Guijarro ha detallado que esta deducción es la que ha sufrido un mayor incremento respecto al primer año de aplicación registrando un aumento del 234 por ciento, con respecto de aquella primera declaración de IRPF del 2021.
“Son cifras para estar satisfechos y nos demuestran que vamos por el camino correcto y hemos adoptado las medidas necesarias para revertir la pérdida demográfica en nuestros pueblos”, ha sentenciado.
2.036 millones en el Presupuesto 2025 para frenar la despoblación
Por otro lado, ha detallado que el presupuesto de las políticas activas frente a la despoblación del Gobierno de Castilla-La Mancha para 2025 se ha incrementado un seis por ciento respecto a lo presupuestado en 2024, destinándose casi 115 millones de euros más y un total de 2.036.957.490 euros.
Se trata, ha dicho, de cerca de 5,6 millones de euros diarios para el desarrollo integral del medio rural en la región y la garantía de acceso a los servicios públicos de toda la población con independencia del lugar de residencia.
Esto significa que, tal y como se recoge en la Memoria de Impacto Demográfico de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las políticas activas frente a la despoblación para el año 2025 de la Junta representan casi el 25 por ciento del techo de gasto de la Junta, que es el presupuesto efectivo de la región para el próximo ejercicio y suponen el 3,7 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha.
En palabras del vicepresidente primero, el presupuesto regional para el próximo año “demuestra el compromiso firme del Ejecutivo Autonómico con la lucha contra la despoblación superando las reivindicaciones de los colectivos de la ‘España Vacía’, lo que nos hace ir varios pasos por delante”.
Revisión de la ERD en 2025
During the meeting of the Regional Depopulation Council, attended by the Demographic Challenge Commissioner, Jesús Alique; the delegate of the Junta in Ciudad Real, Blanca Fernández; as well as representatives from Rural Development Groups; and economic and social agents from the region, Martínez Guijarro has recalled that next year the first review of the Strategy against Depopulation (ERD) will be carried out, the main implementation tool of the Law, in order to analyze its evolution and address the necessary adjustments to achieve its objectives.
As he has emphasized, the strategy has a validity of ten years, with reviews every four years, and includes up to 210 measures in four areas of action, public services, economic, social, and territorial, aimed at promoting the settlement and fixation of population.
In this context, he has remembered that the regional government is working together with the Rural Development Groups in the elaboration of Urban and Rural Development Agendas (ADUR) that are designed to delve into the specific needs of each of the territories affected by depopulation in the Autonomous Community.
They will be, as he has recalled, «26 agendas that have been conceived to zoom in on each of these areas and identify the bottlenecks that are hindering economic development and population settlement in these municipalities and generate opportunities in the territory.»
In addition, within the framework of the Urban and Rural Development Agendas, the regional government is working on a regulation that will simplify urban planning procedures that will serve to facilitate the work of these municipalities in housing matters.
The objective is for this future regulation to streamline not only the granting of licenses, but also the approval of other urban planning instruments such as urban classifications, urbanization projects, or re-parcelling, among others, which will help the establishment of companies in our territory and the development of our towns.
