En Castilla-La Mancha, más de 150.000 contribuyentes, prácticamente el 22 por ciento, podrán beneficiarse de algunas de las deducciones que el Gobierno regional ha puesto en marcha para esta campaña de la renta 2023. Se trata de desgravaciones dirigidas a familias y sectores más desprotegidos; para el fomento de la actividad empresarial; un incentivo para fijar población en zonas rurales y la promoción de donaciones de carácter social, en beneficio de la cultura, la cooperación internacional o la investigación.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida en Toledo, junto a la consejera Portavoz, Esther Padilla, informó sobre las deducciones fiscales en la región. Destacó que estas desgravaciones fiscales potencian el carácter “progresivo y solidario” del impuesto sobre la renta, manteniendo la presión fiscal baja e incentivando a las rentas medias y bajas.
En los años anteriores, el impacto económico de las deducciones fiscales ha sido significativo, con un aumento en el número de beneficiarios y en el volumen de deducciones. Castilla-La Mancha se posiciona como una de las comunidades autónomas con menor presión fiscal y donde menos IRPF se paga.
En la campaña de la renta 2023, se han establecido 25 desgravaciones en el tramo autonómico del IRPF, dirigidas a familias, jóvenes, sectores vulnerables y medidas para enfrentar el reto demográfico. Entre las deducciones destacadas se encuentran aquellas por nacimiento o adopción de hijos, familia numerosa, gastos de guardería, alquiler de vivienda, entre otras.
Además, se han implementado medidas para incentivar la inversión empresarial y las donaciones para fines culturales y sociales. El Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con una política fiscal justa y solidaria que garantice el acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos.
En relación a las declaraciones del presidente del Gobierno catalán sobre la financiación autonómica, el consejero Ruiz Molina señaló que el modelo propuesto es insolidario, injusto y contrario al principio de igualdad recogido en la Constitución. Desde el Gobierno regional se rechaza cualquier intento de definir un principio de solidaridad que ponga en riesgo la equidad entre todos los territorios de la nación.
