El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la suscripción de un convenio con el Gobierno de España para el desarrollo del Sistema de la Dependencia en 2023, con un importe total de 103.907.232,38 euros. Este convenio supone un hito, ya que es la mayor cantidad acordada hasta la fecha para esta colaboración entre ambas administraciones.
El convenio establece que ambas partes aportarán el 50 por ciento del montante total, es decir, casi 52 millones de euros cada una. Esta cuantía es 40 millones de euros superior a la del año pasado, lo que demuestra el compromiso de ambas administraciones por garantizar un servicio de dependencia más justo y humano.
En la gestión del Sistema de la Dependencia, Castilla-La Mancha ha certificado al Estado una cifra de 499,8 millones de euros en el año 2022. Esto demuestra la gran implicación del Gobierno de Emiliano García-Page en el compromiso de equilibrar las cuentas y fortalecer el Sistema de la Dependencia en la región.
Gracias a este esfuerzo, en Castilla-La Mancha se atiende actualmente a 70.000 personas con grado de dependencia reconocido y beneficiarias de servicios o prestaciones del Sistema de la Dependencia. Esto supone el doble de beneficiarios que cuando gobernaba el Partido Popular en la región.
La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha destacado que durante la gestión del Gobierno de Cospedal, se escondieron expedientes en un cajón, lo que dejó a casi 27.000 personas dependientes invisibilizadas. Además, se implementaron las «tasas de la vergüenza», trabas administrativas que desmotivaban a las personas y a las familias a acceder al sistema.
Afortunadamente, Castilla-La Mancha ha logrado remontar el déficit dejado por el Gobierno del PP y ha ampliado el número de servicios ofrecidos a más de 90.000. Esto ha llevado al Observatorio de la Dependencia a otorgar a la región una calificación de 7,9, pasando de suspender a un notable alto. Además, según datos del IMSERSO, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que resuelven las ayudas de la dependencia de forma más ágil.
Es importante destacar que el convenio aprobado ahora fue eliminado por el Gobierno de Rajoy, lo que implicó que las comunidades autónomas tuvieran que asumir todo su coste desde 2012 hasta 2021. Sin embargo, tras la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno de Castilla-La Mancha, se retomó el acuerdo y la inversión en el mismo ha ido en aumento progresivo.
En resumen, este convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha supone un avance significativo en la atención a las personas en situación de dependencia en la región. Gracias a esta colaboración, se destinarán más recursos para garantizar un servicio más justo y humano, y se continuará aportando soluciones a las necesidades de las personas más vulnerables.
