El 5 de septiembre, la Comisión Europea reveló una impactante multa de 2.950 millones de euros contra Google, sentando un precedente significativo en la lucha contra prácticas anticompetitivas en el ámbito de la publicidad digital. Este castigo, el segundo más elevado en la historia de la UE por cuestiones antimonopolio, dejó en el aire la pregunta sobre el silencio de Teresa Ribera, la vicepresidenta ejecutiva responsable, quien no compareció ante la prensa. Oficialmente, se justificó la ausencia por motivos logísticos, pero las circunstancias detrás de esta decisión desnudan una trama más compleja.
Una semana antes, Ribera había sido presionada por la administración estadounidense para que reconsiderara la sanción, lo que provocó cierta turbulencia interna. Aunque la noticia de la multa se detuvo temporalmente debido a la intervención de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, finalmente se anunció mientras las tensiones con Washington persistían. La estrategia de la Comisión parece haber sido minimizar el perfil político de la multa, evitando la exposición mediática de Ribera, quien a pesar de haber mantenido opiniones firmes sobre el acuerdo con Estados Unidos, fue mantenida al margen en un momento crítico.
La situación plantea un escenario en el que Ribera, con un rol clave en un contexto dominado por el Partido Popular Europeo, enfrenta una delicada balanza de poder. Las críticas sobre la falta de debate interno y el control férreo de Von der Leyen sobre la Comisión resuenan en Bruselas, poniendo de relieve la lucha de Ribera por ejercer influencia y balancear una agenda climática en un entorno donde el debate parece limitarse a las decisiones de la presidenta. A medida que se desarrollan estos eventos, queda en duda si Ribera podrá continuar manteniendo su posición y su voz dentro de un entorno institucional marcado por el silencio y la conformidad.
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