El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido hoy, desde la tribuna de las Cortes regionales, en que la región es “referente en Europa en la lucha contra la despoblación” tras la aprobación de una ley pionera que incluye medidas tributarias para hacer frente a la pérdida demográfica; la redacción de la Estrategia Regional Frente a la Despoblación, principal herramienta de aplicación de esta ley; y la inclusión en los Presupuestos regionales para el 2023 de la Memoria de Impacto Demográfico que contempla más de 1.700 millones de euros para abordar el reto demográfico.
Martínez Guijarro, que ha intervenido en el Parlamento autonómico, ha llamado a los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y PSOE a “sentirnos orgullosos de que seamos la punta de lanza” en esta materia tanto a nivel nacional como europeo; y ha recordado que varias de las regiones de Europa que tienen la misma problemática demográfica han invitado al Ejecutivo regional a explicar la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación.
En este sentido, ha subrayado que Castilla-La Mancha es la única región de Europa que ha delimitado sus zonas por despoblamiento. “Somos la única región de Europa que ha hecho ese trabajo para poder tomar decisiones en función de la situación de cada uno de los territorios”, descendiendo del límite provincial para poder medir con más precisión el problema de la despoblación.
Asimismo, ha destacado que también somos la única región de España en cuya Ley de Presupuestos queda delimitado todo lo que va a las medidas incluidas en la Estrategia Regional contra la Despoblación y que suman un total de 588 millones para el año 2023.
El trabajo ante Europa
En este punto, Martínez Guijarro ha explicado el trabajo que ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha ante Europa para visibilizar el problema de la despoblación y que sumó el pasado año con tres grandes hitos: de un lado, el 17 de marzo, la Comisión Europea aprobó el Mapa de ayudas regionales para España 2022-2027 en el que Castilla-La Mancha es considerada como zona “A” en su totalidad.
En segundo lugar, ha aludido a la publicación en el mes de abril de las nuevas directrices de Ayuda de Finalidad Regional 2022-2027 lo que ha supuesto que el Gobierno de España haya aprobado bonificaciones del 20 por ciento de los costes de la Seguridad Social para la contratación de trabajadores y de la que se beneficia por primera vez Castilla-La Mancha, concretamente la provincia de Cuenca.
Y de otro, el pasado mes de diciembre y tras la intervención del jefe del Ejecutivo regional en el Comité de las Regiones, Castilla-La Mancha conseguía el respaldo unánime a su propuesta para que la Comisión Europea efectúe los análisis demográficos y las estadísticas de despoblación por debajo del ámbito provincial y descienda al ámbito comarcal para aplicar las medidas para hacer frente al fenómeno de la pérdida demográfica.
Esto beneficiaría a provincias como Guadalajara, donde crece la población en la zona del Corredor del Henares y, sin embargo, otras comarcas como la Sierra Norte, la comarca de Molina de Aragón o la Alcarria, están despobladas permitiendo así que acceda a esas bonificaciones de las que ya se beneficia Cuenca.
Pérdida de derechos en el medio rural en el 2011
Martínez Guijarro ha hecho un repaso de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Emiliano García-Page desde el 2015 para revertir los recortes que se produjeron en la legislatura que abarcó desde el año 2011 al 2015 y que han supuesto la garantía de acceso a los servicios públicos como la sanidad, educación y servicios sociales en zonas rurales.
En este punto, ha recordado que esos servicios, que son un derecho de la ciudadanía, se perdieron durante la legislatura de María Dolores Cospedal, y ante las críticas del Grupo Parlamentario Popular se ha preguntado: “¿En el 2011 los ciudadanos no tenían derecho a los servicios públicos en el medio rural cuando quisieron cerrar las urgencias rurales en Hiendelacina, que finalmente no se cerraron por resolución judicial?”.
Finalmente, ha recordado que mantener esos servicios públicos en los pueblos, tal y como está haciendo el Gobierno regional, cuesta 1.714 millones de euros, cifra que viene recogida en la Memoria de Impacto Demográfico que está incluida en el Presupuesto de Castilla-La Mancha para este 2023.
