Durante una reunión periódica de responsables de establecimientos penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado, que se lleva a cabo en Ciudad Real, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido los desafíos inherentes a la prestación de servicios sanitarios en las prisiones de España. Expresó su agradecimiento hacia los esfuerzos realizados por el personal médico que opera en condiciones de déficit de profesionales y destacó las dificultades encontradas en la contratación de nuevo personal.
Grande-Marlaska señaló que la resolución a dichos problemas sanitarios no será rápida ni sencilla, mencionando las negociaciones en curso con las comunidades autónomas para el traspaso de competencias en servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias. Además, el ministro elogió la labor de los responsables de diferentes centros penitenciarios españoles, así como de todos los trabajadores que contribuyen a la reeducación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
En referencia a la educación y formación dentro del sistema penitenciario, Grande-Marlaska enfatizó la importancia del Centro de Estudios Penitenciarios de Cuenca, actualmente en construcción, el cual define como el proyecto más relevante de la institución. Resaltó el incremento de la partida presupuestaria para formación a los 700.000 euros en este 2023, una inversión que ha beneficiado a más de 10.000 personas.
El evento también contó con la presencia de Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, quien expresó su gratitud por el apoyo y participación de Grande-Marlaska. Además, se informó sobre el esfuerzo del Gobierno de España por aumentar el personal en Instituciones Penitenciarias, citando las más de 6.500 plazas ofertadas desde 2018 y las 965 adicionales que se sumarán gracias a la oferta de empleo público del año pasado.
El encuentro tiene como uno de sus objetivos principales el abordar los ejes estratégicos de los 81 establecimientos penitenciarios de España, con miras a mejorar tanto las condiciones como los servicios ofrecidos a la población reclusa del país.
