Manifestación en Albacete: Profesionales de la Justicia reivindican la división de poderes

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Cientos de profesionales del ámbito de la Justicia se han dado cita en la Ciudad de la Justicia de Albacete para manifestar su firme defensa del Estado de Derecho y la democracia bajo el lema ‘Sin Estado de Derecho no hay democracia’. La concentración, que ha reunido a jueces, fiscales, letrados, funcionarios, médicos forenses, procuradores y graduados sociales, ha tenido como propósito exigir el absoluto respeto a la división de poderes y denunciar lo que consideran una «intromisión inaudita» en su labor.

La protesta surge en respuesta a la reciente Ley de Amnistía y las propuestas de crear comisiones parlamentarias para influir en cuestiones que deberían pertenecer exclusivamente al ámbito judicial. Según el comunicado, liderado por la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Raquel Iranzo Prades, tales acciones constituirían una transgresión sin precedentes y un «ataque frontal a la separación de poderes».

Los manifestantes, unidos en su reacción ante estas posibles iniciativas, han advertido de que permitir que el poder legislativo supervise al poder judicial representa una amenaza a los cimientos que sostienen a la nación democrática. Han resaltado la importancia de mantener la independencia del Poder Judicial para proteger los derechos y libertades de la ciudadanía española y asegurar un sistema de justicia imparcial y eficaz.

El manifiesto leído en la concentración ha sido respaldado por varios órganos del Poder Judicial, incluyendo la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y varias asociaciones judiciales y fiscales, así como por los Jueces Decanos de España. Todos ellos coinciden en la necesidad de resistir cualquier tipo de intervención que pueda debilitar la autonomía de la Justicia y comprometer la democracia del país. El evento en Albacete destaca el compromiso de los profesionales de la Justicia con la defensa de los principios constitucionales y el rechazo a cualquier forma de politización de su labor.

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