En un giro reciente en el caso penal que ha acaparado la atención nacional, la Fiscalía de Manhattan ha mostrado su disposición a considerar un aplazamiento de la sentencia contra el expresidente Donald Trump. Este caso, que involucra pagos irregulares a una actriz de cine para adultos con el fin de proteger la campaña presidencial de Trump en 2016, ha llegado a un punto crítico. La defensa solicitó el pasado jueves un retraso de la sentencia, originalmente fijada para el 18 de septiembre, hasta después de las elecciones del 5 de noviembre, citando las posibles consecuencias del reciente fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.
Este lunes, la fiscalía expresó que la decisión sobre si procede un retraso de la sentencia para facilitar un pleito de apelación ordenado sobre la inmunidad presidencial, o para evitar una interrupción perjudicial por parte de una corte de apelaciones, recae en el tribunal. La sentencia había sido postergada previamente de julio al 18 de septiembre después de que la defensa argumentara la necesidad de que el juez Juan Merchan considerara el fallo del Supremo que concede al expresidente cierta inmunidad penal y evaluara su impacto en la condena.
El abogado de Trump, Todd Blanche, argumentó a favor del retraso de la sentencia, alegando que la decisión del juez podría dejar insuficiente tiempo para preparar una apelación si se decide no anular la condena, además de calificar la situación como una «interferencia electoral», dada la proximidad a la votación anticipada en algunos estados.
En mayo, Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago para silenciar a la actriz Stormy Daniels, con quien supuestamente tuvo un affaire, en un esfuerzo por proteger su carrera hacia la presidencia en 2016. Este caso sin duda continuará generando un intenso debate público y legal, mientras el país espera la próxima audiencia pautada para dos días antes de la fecha prevista inicialmente para la sentencia, lo que podría marcar un precedente significativo en cuanto a la inmunidad y los privilegios de los expresidentes frente a la ley.
