En diversas ciudades de Italia, los magistrados se manifestaron este sábado durante la ceremonia de inauguración del año judicial, expresando su rechazo hacia la reforma propuesta que aspira a diferenciar las carreras de jueces y fiscales. Este acto de disconformidad se destacó por momentos significativos como la exposición de la Constitución y la salida de las ceremonias, acciones que no pasaron desapercibidas ni siquiera en presencia del ministro de Justicia, Carlo Nordio.
La reforma constitucional, que ya ha recibido una aprobación preliminar en la Cámara de Diputados, pretende establecer caminos profesionales separados para jueces y fiscales, una novedad respecto a la práctica actual que permite a los magistrados ejercer ambas funciones. De llegar a ser ley, esta modificación traería consigo la creación de dos Consejos Superiores de la Magistratura (CSM) distintos, uno enfocado en fiscales y otro en jueces, una medida vista por muchos, incluyendo a la oposición, como una amenaza a la democracia del país.
En Roma, la tensión fue palpable cuando los magistrados decidieron abandonar el recinto del Tribunal de Apelaciones durante el discurso del subsecretario del Gobierno, Alfredo Mantovano. Un escenario similar se vivió en Nápoles, donde más de 300 jueces mostraron la Constitución durante el himno nacional, y muchos se retiraron al inicio de la intervención del ministro Nordio. Este tipo de protestas se replicó en otras cortes de apelación a lo largo de Italia.
A pesar de las críticas, Nordio agradeció la manera pacífica en que los magistrados expresaron su descontento, asegurando que su intención detrás de la reforma no es socavar la dignidad del poder judicial. No obstante, el desacuerdo continúa. En Bolonia, un grupo de jueces exhibió lemas solicitando unidad en lugar de separación, y Ernesto Carbone, representante del Consejo Superior de la Magistratura, señaló que los verdaderos problemas de la justicia italiana, tales como la lentitud y los errores procesales, no se resolverán con la segregación de las carreras ni con la duplicación del CSM.
En Milán, la distribución de copias de la Constitución por parte de los magistrados simbolizó también el rechazo a la creciente tensión y las acusaciones que enfrenta el poder judicial. Figuras como el exfiscal Gherardo Colombo hicieron eco de esta preocupación, alertando sobre los potenciales riesgos que esta reforma conlleva para la ciudadanía y la estructura estatal.
La implementación de la reforma, al implicar una modificación constitucional, requerirá el respaldo de dos tercios del Parlamento o, en su defecto, la convocatoria a un referéndum. Desde la perspectiva de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), la separación propuesta no hará más que facilitar el control sobre el cargo de fiscal y mermar su autoridad investigativa, especialmente sobre figuras de poder.
El Gobierno, por otro lado, defendiendo una propuesta fuertemente promocionada por Forza Italia (FI) —partido fundado por Silvio Berlusconi y parte de la coalición de derechas—, argumenta que la reforma busca eliminar influencias políticas indebidas y fortalecer la independencia judicial. Este debate continúa dividiendo opiniones en un país donde la justicia se encuentra en un punto crítico de su evolución.
