La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con la Asociación Profesional para la Magistratura (APM), ha llevado a cabo este jueves una jornada en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La sesión, titulada ‘Responsabilidad y ética empresarial en la era del cambio: medio ambiente, empresa e inteligencia artificial’, contó con la participación de destacados representantes institucionales, como la presidenta del tribunal, Pilar Astray; el rector de la UCLM, José Julián Garde; y el presidente de la APM en Castilla-La Mancha, Ricardo Gallego.
Durante el evento, los ponentes subrayaron la relevancia de fortalecer la cooperación entre empresas, la administración pública y el sistema judicial, a fin de enfrentar los desafíos medioambientales y de gobernanza que surgen de la transformación digital.
La jornada comenzó con una mesa redonda centrada en el cumplimiento normativo y la responsabilidad empresarial en la conservación de la avifauna. Expertos en el ámbito jurídico y técnico resaltaron la necesidad de implementar planes y programas de actuación que garanticen una adecuada protección de las aves en el desarrollo de proyectos industriales, en particular en lo que respecta a la construcción de líneas eléctricas e instalaciones de generación.
Se analizó también la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que refuerza la seguridad jurídica y destaca la importancia de la tipicidad y la culpabilidad en el ámbito de la responsabilidad ambiental. En este sentido, se enfatizó que no se trata de una responsabilidad objetiva, sino que es necesario analizar caso por caso el comportamiento de las empresas eléctricas, así como verificar si existe un requerimiento administrativo previo concreto.
Jesús Carrasco Naranjo, gestor global de proyectos y alianzas de biodiversidad de Iberdrola, participó en esta mesa, enfatizando la importancia de contar con políticas adecuadas de biodiversidad y planes de actuación dentro de la estrategia empresarial. Detalló que las sociedades del grupo Iberdrola están implementando protocolos y acciones de conservación que van más allá de las exigencias legales, adoptando prácticas innovadoras para minimizar cualquier impacto negativo sobre la naturaleza.
La jornada continuó con una última mesa en la que se discutieron los retos medioambientales y éticos asociados a la inteligencia artificial. Se abordaron temas como el alto consumo energético de los modelos de IA, su impacto en la red eléctrica, la necesidad de establecer marcos normativos europeos y la urgencia de garantizar la transparencia, la equidad y la protección de datos personales.
El profesor Joaquín Rodríguez Pascual destacó la «necesidad de inversión significativa en infraestructuras de transmisión y distribución» debido al aumento del consumo energético derivado del uso de la inteligencia artificial. Aunque se reconoció el creciente interés en las energías renovables, también se planteó el papel de la energía nuclear en la transición energética, argumentando que el cierre de plantas nucleares no sería una solución viable en el contexto actual.
Finalmente, todos los panelistas coincidieron en la importancia de promover la colaboración público-privada para el desarrollo de normativa en materia de inteligencia artificial, asegurando que su implementación se realice de forma ética, sostenible y centrada en el bienestar humano.
