En un movimiento que refuerza el control gubernamental sobre las plataformas digitales, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha decretado la creación de un nuevo Consejo de Ciberseguridad. Esta medida, anunciada recientemente, tiene como objetivo combatir la crítica al régimen y los llamados «multiplicadores del odio y el fascismo» en el ámbito digital, imponiendo penas de hasta 20 años de prisión para quienes sean considerados culpables de tales delitos.
Entre las funciones destacadas del Consejo de Ciberseguridad se encuentra el establecimiento de una red de monitorización constante para incidentes telemáticos. Este organismo se encargará de prevenir, mitigar y gestionar de manera más eficaz los delitos cibernéticos, y tendrá la facultad de solicitar información tanto a entidades públicas como privadas para cumplir con sus objetivos. La implementación de esta medida busca controlar y limitar la difusión de contenidos que el gobierno considere perjudiciales.
Además, el parlamento venezolano tiene pendiente la aprobación de la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares. Esta legislación contempla la ilegalización de partidos políticos y la imposición de multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organismos o medios que financien actividades o difundan información que incite al odio o al fascismo. La propuesta de ley también se orienta a castigar severamente a quienes participen en actos que el gobierno considere como expresiones de odio.
Este desarrollo en Venezuela guarda similitudes con iniciativas legislativas en otros países, como la ley en proceso en España que también busca identificar y sancionar delitos de odio en línea. En ambos casos, el objetivo es controlar y regular el discurso en la red, pero las implicaciones para la libertad de expresión y la crítica política son objeto de debate y preocupación tanto a nivel local como internacional.
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