El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha movilizado a su administración para presentar un ambicioso proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, apuntando a combatir el «fascismo, neofascismo y expresiones similares». Según Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, este proyecto, que consta de cuatro capítulos y treinta artículos, busca asegurar la «convivencia pacífica y la tranquilidad pública», promoviendo valores como la diversidad y el respeto mutuo en tiempos de alta tensión política. Rodríguez recordó los violentos eventos de protesta ocurridos en 2014 y 2017, los cuales asoció con intentos extremistas de la oposición de desestabilizar el país.
La ley propuesta actuaría contra la propagación de mensajes que promuevan el uso de la violencia en la política, contemplando la creación de una comisión especial contra el fascismo e incluso el establecimiento de una red internacional para combatir esta ideología, aunque las sanciones específicas aún no han sido detalladas. Este movimiento legislativo no es aislado, sino que se enmarca dentro de un esfuerzo mayor de la administración de Maduro por consolidar su poder, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales y en respuesta a lo que han denominado «conspiraciones» en contra de su gobierno.
La respuesta internacional ante esta ley no se ha hecho esperar, manifestándose una profunda preocupación por parte de observadores y miembros de la oposición, quienes alertan sobre el potencial uso de esta ley para silenciar voces críticas bajo la excusa de combatir el fascismo. Este estado de preocupación se amplía al considerar las implicaciones que tal legislación podría tener sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Venezuela, situando a la nación en el foco de debates globales sobre democracia y derechos humanos.
