En un informe devastador presentado en Ginebra, una misión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha acusado al gobierno venezolano de cometer crímenes de lesa humanidad, concentrando sus esfuerzos en la persecución política contra la oposición. La misión, liderada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, junto con el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, ha revelado una estrategia deliberada y sistemática del estado venezolano para silenciar, desalentar y reprimir cualquier voz disidente bajo la administración en curso.
De acuerdo al equipo, lo que se está presenciando no es una serie de acciones aisladas sino un esquema continuo, que busca aplastar la totalidad de la oposición pacífica en el país. “Estamos ante una intensificación del aparato represivo del Estado que, dada su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, explicó Valiñas durante la presentación del informe.
El informe, que será presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, describe una crisis sin precedentes en la historia reciente de Venezuela, etiquetando la situación actual como “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho” tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. El análisis detalla un patrón de detenciones arbitrarias, ordenes de arresto indiscriminadas y una total falta de garantías judiciales, afectando no solo a activistas y opositores políticos, sino también a periodistas y miembros del sector militar.
Entre los hallazgos más alarmantes, se encuentra el aumento en el número de detenciones en torno al período electoral, con 120 arrestos en el mes de julio, y más de 2,000 personas detenidas después de los resultados electorales bajo acusaciones de terrorismo e incitación al odio. Según las autoridades, este grupo incluía al menos a un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades.
Este reporte subraya la profunda vulnerabilidad en que se encuentra la ciudadanía venezolana frente a la arbitrariedad gubernamental, revelando la práctica de persecución por motivos políticos como un crimen de lesa humanidad. La comunidad internacional aguarda ahora las reacciones frente a estas graves denuncias, en un momento crítico para la situación de derechos humanos en Venezuela.
