Las comunidades autónomas de la Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía han expresado su inquietud mediante una carta dirigida a Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, sobre las consecuencias que podrían derivarse de la implementación de las nuevas normas en el Plan Hidrológico del Tajo, señalando el impacto negativo que podría tener en la región.
Los ejecutivos regionales, todos bajo la gestión del Partido Popular, han remarcado su descontento recordando las demandas interpuestas al Tribunal Supremo con relación a la modificación de los caudales ecológicos del Tajo y la disminución de las concesiones de agua. En el escrito, recogido por Diario CLM, muestran su malestar por la «deriva de la política hídrica» del Gobierno central y por cómo esta puede afectar a los territorios de España.
Las autonomías enfatizan la importancia del agua como recurso clave para «la vida, para el desarrollo económico, social y medioambiental» y destacan que los cambios recientes exacerbados por la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo y el aumento de los caudales ecológicos, han llevado a un estado de tensión y preocupación. Se siente que estas decisiones técnicamente no están suficientemente motivadas y podrían tener efectos irreversibles en industrias y en el abastecimiento agrícola que proporciona productos a toda Europa.
Además, las comunidades rechazan la idea de que la aprobación del Plan pueda entorpecer una planificación hidrológica nacional coherente, y critican al Gobierno por permitir que un plan de cuenca tome decisiones que amenazan la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura y sus trasvases asociados, el Tajo-Segura y Tajo-Guadiana.
La misiva pone de relieve una tendencia inaceptable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que aparentemente ha tomado estas decisiones con el consentimiento del Gobierno de España. La responsabilidad recae en el Ministerio de Teresa Ribera, según los firmantes, que denuncian la aprobación de planes incompatibles y la falta de alternativas viables para el 2027, así como la ausencia de medidas compensatorias adecuadas en la planificación hidrológica aprobada.
A la par, las comunidades autónomas argumentan que no hay pruebas que demuestren que los cambios en los caudales tengan un impacto ambiental significativo, mientras que sí se comprobaría una reducción drástica en la asignación de recursos hídricos para las áreas que más lo requieren.
Los gobiernos regionales están comprometidos a seguir luchando legalmente y, si es necesario, a llevar el caso ante las instancias europeas debido al incumplimiento de la Directiva Marco del Agua por parte del Ministerio, que, a su parecer, ha fallado en la concertación y coordinación necesarias.
Finalmente, las comunidades, representando a 22 millones de españoles, reafirman su disposición a trabajar conjuntamente en el desarrollo de las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, aunque esta propuesta haya sido rechazada previamente por el Gobierno en favor de un procedimiento de consulta pública general. Hacen hincapié en la necesidad de actualizar y promover una planificación hidrológica nacional, y ofrecen su colaboración al Gobierno para alcanzar este objetivo.
