Una semana después del intento de golpe del general Juan José Zúñiga contra el presidente boliviano Luis Arce, la situación política en Bolivia continúa siendo tensa. El mandatario ha sido acusado por la oposición civil de falsificar los hechos durante el incidente y de orquestar un “autogolpe”. Estas acusaciones, que intentan socavar el apoyo internacional hacia el Gobierno de Arce, no se sustentan en pruebas concretas. Evo Morales, exmentor y ahora crítico del presidente Arce, lidera la oposición contra él. Esta perspectiva es compartida por otros expresidentes y figuras de la oposición en el país.
Ante estos señalamientos, el presidente Arce se defendió a través de la red social X, aduciendo que distintos intereses, tanto nacionales como extranjeros, han buscado interrumpir la nueva etapa política de Bolivia, incrementando su agresividad e irresponsabilidad hacia el futuro del país. Según Arce, esto evidencia un claro intento por regresar a un «pasado oscuro de dictadura».
En respuesta a la situación, la policía boliviana ha detenido a varios altos mandos militares, entre ellos al general Zúñiga y al exjefe de la Armada, Juan Arnés. Estas detenciones también incluyen a tres comandantes de regimiento, otros oficiales y militares retirados, algunos de los cuales ahora se encuentran en prisiones o bajo detención domiciliaria. La investigación oficial sugiere que la insubordinación fue un movimiento premeditado y no limitado a los subordinados directos de Zúñiga.
El incidente ha suscitado dudas, en especial después de que Zúñiga ocupara con tropas la Plaza Murillo, centro del poder político en Bolivia, y posteriormente se retirara sin cumplir su demanda de liberar «presos políticos». Según el historiador Pablo Stefanoni, este acto podría considerarse como un «movimiento social armado» en protesta por la destitución de Zúñiga. El gobierno de Arce, sin embargo, lo ha calificado como un intento fallido de golpe de Estado, vinculándolo a intereses externos sobre los recursos naturales del país.
Reacciones de la oposición
La oposición ha ganado notoriedad, en parte, por las declaraciones de Zúñiga durante su arresto, donde afirmó que Arce había orquestado la movilización de vehículos blindados, acusación que el Gobierno negó rotundamente. Esta aseveración ha alimentado especulaciones y la propagación en redes sociales de frases como «no fue golpe, fue fraude», en alusión a la persecución gubernamental posderrocamiento de Evo Morales en 2019.
Las tensiones no se han limitado al ámbito nacional. La oficina del presidente argentino, Javier Milei, expresó su repudio hacia la «falsa denuncia de golpe de Estado» en Bolivia e hizo alusión a la existencia de «presos políticos», comentario que ha avivado las críticas hacia Arce. A nivel internacional, la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de aguardar por una «investigación independiente» sobre los hechos refleja la preocupación global por la «fragilidad democrática» en ciertos países.
A nivel interno, la situación política de Arce parece cada vez más aislada, especialmente después de que los aliados de Evo Morales en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla condenaran el intento de golpe contra Arce, pero también criticaran los intentos de proscribir al MAS e inhabilitar a Morales para las elecciones de 2025. Este contexto político retador es el escenario previo al encuentro planeado entre Arce y el presidente brasileño, Lula da Silva, el 9 de julio en Bolivia.
