La incidencia del virus del Sars-Cov-2 en las plantillas de trabajadores de las prisiones de Herrera de La Mancha y Alcázar de San Juan duplica a la media registrada en la provincia de Ciudad Real, según los datos oficiales registrados hasta la fecha.
Nueve trabajadores penitenciarios han dado positivo entre ambos centros penitenciarios, seis en la prisión de Herrera de La Mancha, donde trabajan algo menos de 200 personas; y tres en la de Alcázar de san Juan, con una plantilla de 90. Esto supone que ya se han contagiado más de tres de cada cien, mientras que la tasa en la provincia de Ciudad Real es de 1,6 personas contagiadas por cada 100 habitantes.
Silvia Fernández García, secretaria general de CCOO-FSC en Instituciones Penitenciarias, explica que “las medidas preventivas se adoptaron tarde, una vez decretado el Estado de Alarma, y ha habido desabastecimiento de mascarillas y equipos de protección individuales”. Y advierte que “el acceso a las pruebas PCR es muy restringido, limitado al personal de vigilancia y sanitarios que presenten síntomas de infección respiratoria aguda. De realizarse más pruebas, posiblemente los casos aumentarían.”
Desde hace semanas, CCOO reclama a las Autoridades Sanitarias y a la Delegación de Gobierno que reparta test rápidos serológicos en ambas prisiones para conocer el nivel real de penetración del virus y detectar con anticipación posibles brotes epidémicos. En la prisión de Herrera se han contagiado cinco internos. Sin embargo, en la prisión de Alcázar no se registra ningún caso entre los internos, a pesar de acoger reclusos mayores de 65 años, colectivo de riesgo en esta crisis sanitaria.
“En general, las prisiones son espacios cerrados y de confinamiento, muy favorables a los contagios y su propagación. Por la propia infraestructura y funciones no se puede mantener el distanciamiento entre personas. La apertura y cierre es manual y los espacios reducidos obligan al contacto estrecho permanente.”
“El principal vector de contagio y transmisión del virus al interior de las prisiones es su personal, por eso tenemos que seguir reforzando las medidas preventivas y de protección frente al Covid-19”, subraya Silvia Fernández.
“Lo que no podemos entender es que el director de Alcázar pretenda rebajar la prevención, de forma unilateral, cuando la epidemia no está controlada y la incidencia del virus ha sido tan elevada en la Comunidad Autónoma”
“Ha dado orden de que el próximo lunes, 11 de mayo, se reincorporen de forma presencial todos los trabajadores; y que el aforo limitado y distanciamiento lo garantice el personal gastando días de vacaciones, contraviniendo lo dispuesto por las Autoridades Sanitarias, por Función Pública y por el propio estado de alarma decretado por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la vida y la salud del personal penitenciario y de los propios internos”, denuncia por su parte Rafael Correas, trabajador y delegado sindical de CCOO en la prisión de Alcázar de san Juan.
“Además, en las prisiones no se están adoptando medidas de protección específicas para el personal penitenciario especialmente sensible a la exposición al Covid-19. Las plantillas están envejecidas, la media de edad supera los 55 años y tenemos trabajadores con patologías base, consideradas por el Ministerio de Sanidad como de riesgo, que continúan trabajando expuestos a este virus que es letal entre los vulnerables, a pesar de las recomendaciones del Gobierno y Autoridades Sanitarias de quedarse en casa preferentemente hasta que se controle la epidemia”, indica Silvia Fernández.
“Mientras que en el resto de la Administración General del Estado los empleados públicos especialmente vulnerables están aislados en su domicilio, Instituciones Penitenciarias les tiene trabajando, lo que constituye además de un grave riesgo para su salud, una discriminación negativa”, denuncia la responsable estatal del sector de CCOO-FSC.
Por último, ambos sindicalistas quieren “poner en valor la labor del personal penitenciario que además de gestionar la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, sufrir los contagios, tiene que garantizar la seguridad y reinserción de las personas privadas de libertad, en un contexto de restricciones en derechos sin precedentes en la historia de las prisiones.
