En un acto que profundiza aún más las restricciones a las libertades personales bajo su régimen, el Gobierno de facto de Afganistán ha introducido una nueva legislación que impone severas limitaciones sobre la conducta y apariencia de las mujeres en el espacio público, así como reglas estrictas relacionadas con el comportamiento y la apariencia de los hombres. La nueva ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, ratificada recientemente por el Emirato Islámico de Afganistán –como se autodenomina el régimen talibán–, marca otro capítulo controvertido en su gobernanza, alineándose con una interpretación extremadamente rigurosa de la ley islámica.
Según fuentes oficiales de los talibanes, la ley, que consta de 35 artículos divididos en cuatro capítulos, establece mandatos claros como el uso obligatorio del velo integral o hiyab para las mujeres, cubriendo completamente su rostro y cuerpo para evitar «causar tentación». Más restrictivo todavía es el artículo que condena el sonido en público de la voz de la mujer, que incluye cantar, recitar o hablar en voz alta, incluso frente a un micrófono, considerándolo una infracción contra la modestia.
Las consecuencias de esta legislación abarcan no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a quienes se les prohíbe llevar corbata, afeitarse o recortar la barba por debajo de una longitud específica, o adoptar ciertos peinados, identificándolos como actos que violan la ley islámica. Asimismo, aborda la conducta de los medios de comunicación, exigiéndoles adaptarse a la sharia, con prohibiciones explícitas sobre la difusión de imágenes de seres vivos y la emisión de cualquier contenido que pueda interpretarse como una humillación o insulto a los musulmanes.
En palabras del portavoz del Ministerio de Justicia, Barkatullah Rasooli, y según fue publicado por el canal afgano Tolo News, la ley enfatiza el deber del Ministerio de Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio de «ordenar el bien y prohibir el mal», y de fomentar «la paz y la fraternidad» entre la gente, a la vez que combate los prejuicios étnicos, lingüísticos y regionales.
Esta ley refleja la posición inflexible del ministro de la Virtud y el Vicio, Mohammad Khalid Hanafi, quien aseveró en reuniones con autoridades que «la implementación de la sharia y el hiyab es nuestra línea roja», descartando cualquier negociación sobre estos asuntos.
La implementación de esta normativa no sorprende, dado que el régimen talibán ha impuesto restricciones similares desde su retorno al poder hace tres años. Sin embargo, esta ley unifica y endurece el castigo para garantizar su cumplimiento, lo que ha causado preocupación entre diversos sectores de la sociedad afgana y la comunidad internacional.
Aunque se argumenta que la ley está en concordancia con la sharia islámica y la jurisprudencia Hanafi, una de las cuatro principales escuelas del islam suní, analistas sugieren que los talibanes siguen una interpretación más estricta y fundamentalista de estas normas. Este nuevo giro legal genera temor sobre el futuro de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y las minorías en Afganistán, en un contexto ya de por sí marcado por la opresión y la ausencia de libertades.
