La Consejería de Bienestar Social ha expresado su disposición a revisar la Orden que regula el Concierto Social destinado a la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y la ejecución de medidas judiciales. Este anuncio fue realizado por Ana Delgado, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, y Antonio Romero, responsable de Sectores Socioeducativos de la misma federación, quienes estuvieron acompañados por el secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa. La declaración se produjo tras una reunión con la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín, y la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello.
Delgado ha manifestado la esperanza de que la Consejería comunique pronto que se llevará a cabo una modificación en la Orden. Aseguró que no desean verse forzados a movilizar al sector, lo que consideran podría ser un camino complicado. Por su parte, Romero subrayó que la Orden, publicada el viernes pasado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no menciona el convenio colectivo sectorial aplicable, específicamente el IV Convenio General Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, ni incluye cláusulas para la revisión de precios que aseguren futuras subidas salariales.
Romero alertó que el concierto, con una duración inicial de cuatro años ampliable a otros seis, podría dejar a las entidades y trabajadores con retribuciones congeladas durante una década. Esta situación, según el responsable de Sectores Socioeducativos, ya ha llevado a algunas entidades a comunicar a sus empleados la posibilidad de no continuar con los servicios que gestionaban en los centros de menores.
El impacto afecta predominantemente a trabajadoras, ya que el sector está muy feminizado. La falta de referencia al convenio y la ausencia de cláusulas de subrogación han dejado a estos trabajadores en una situación vulnerable. Romero expresó su descontento con el hecho de que la Consejería incluyera estos aspectos en la Orden sin haber consultado previamente a los sectores implicados.
Además, hizo hincapié en que, al publicarse la Orden, se ha ignorado la tutela del Tribunal Especial de Contratación Pública, lo que limitaría las opciones legales a un recurso ante la Consejería y, en última instancia, un contencioso-administrativo que podría alargarse durante años.
De la Rosa, por su parte, criticó la «insensibilidad» de la consejera hacia los trabajadores del sector, señalando que las ONGs que brindan estos servicios también tienen responsabilidades como empresas mercantiles. Lamentó que no se esté tratando con la misma consideración a aquellos que prestan servicios públicos.
A su vez, el líder regional de CCOO reafirmó que, a pesar de las afirmaciones de José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector, sobre la naturaleza de las ONGs, estas deben ser reconocidas como empresas con las correspondientes obligaciones hacia sus empleados y hacia la administración pública.
