La Federación de Regantes de Castilla-La Mancha ha hecho un llamado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que evite estigmatizar a los usuarios de las masas de agua, defendiendo que su actividad es esencial para asegurar la producción de alimentos de calidad y accesibles para la sociedad. Ruperto Mesas, presidente de la Federación, realizó estas declaraciones en una rueda de prensa previa a la inauguración de la jornada «La gestión de las aguas subterráneas en las masas declaradas en riesgo», organizada por la Confederación en Ciudad Real.
Las palabras de Mesas se producen en respuesta al presidente de la Confederación, Samuel Moraleda, quien ha sugerido la ampliación de los controles para fomentar un uso sostenible de las extracciones de aguas subterráneas. Ante esto, los regantes han solicitado a Moraleda que realice «un poco de autocrítica», apuntando al fracaso de las medidas implementadas en años recientes. Mesas criticó que, a pesar de que se destinaron millones de euros para la compra de derechos de agua con el fin de recuperar el acuífero, estas inversiones resultaron ineficaces al adquirirse pozos secos fuera del entorno de Las Tablas, los cuales terminaron siendo utilizados para regularizar extracciones ilegales.
Para lograr un balance adecuado entre el regadío y la sostenibilidad de las masas subterráneas, la Federación ha enfatizado la necesidad de conocer «las reservas exactas de los acuíferos» y las demandas reales de los usuarios. Mesas resaltó que realizar un balance sin tener claridad sobre las reservas y los volúmenes de uso es «totalmente arriesgado y erróneo». Además, subrayó que cualquier explotación de agua conlleva un descenso de los niveles, especialmente en épocas de sequía, y criticó la idea que parece sugerir que todos los regadíos deberían desaparecer para recuperar los acuíferos a su estado original.
Finalmente, desde la Federación han destacado los esfuerzos que están realizando para optimizar el uso del agua a través de prácticas modernas de riego y asesoramiento técnico. También han mostrado su preocupación ante la inminente llegada de productos agrícolas importados de países que no cumplen con normativas medioambientales ni laborales, lo que podría afectar negativamente al sector local.
