El gobierno anuncia que transferirá 2.000 millones para Educación a las comunidades autónomas. Partida que sale de los 16.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias derivadas de la pandemia y que será aprobado el próximo martes por el Consejo de Ministros.
Para ANPE cualquier aumento en la partida presupuestaria destinada a Educación lo considera necesario y más en esta ocasión, debido a la merma que ha causado esta pandemia a la comunidad educativa y a la reactivación de los centros educativos para el próximo curso escolar. Ahora bien, ANPE exige que se dé a conocer detalladamente las partidas y las cantidades asignadas de este presupuesto destinado a Educación.
Esta inversión educativa que realiza el gobierno, no debe ser una medida meramente coyuntural, tiene que ser una medida estructural que permita alcanzar el porcentaje de inversión de la media de los países de la OCDE. Antes de la crisis sanitaria, el Ministerio de Educación y Formación Profesional contemplaba un plan de incremento del gasto público en educación hasta un mínimo del 5% el PIB, por encima de la inversión media de la UE (4,88%). Una promesa electoral. Por tanto, más allá de suponer una medida de contingencia por la crisis es un compromiso establecido previamente en el programa de gobierno.
En el reparto del fondo no reembolsable a las autonomías, Hacienda ha decidido primar más la cantidad de población de cada comunidad que las comunidades que más han sido golpeadas por la pandemia. En los 2.000 millones que corresponden a Educación se distribuiría el 80% a la población de 0-16 años y el 20%, a la población de 16 a 24 años. Para ANPE, el reparto se debería realizar de manera proporcional al número de alumnado por comunidad autónoma, atendiendo al principio de igualdad de oportunidades.
Para ANPE, el objetivo del próximo curso debe garantizar el máximo de horas presenciales posibles y para ello esta inversión en Educación debería destinarse a:
- Diseñar un plan de remodelación de los centros educativos adaptados a las nuevas medidas preventivas: dotar a los centros educativos de material de protección e higiene; limpiar y desinfectar varias veces al día; distribuir los espacios para mantener el distanciamiento social; gestionar los residuos en el centro y dotarlos de enfermeras escolares.
- Reforzar y aumentar las plantillas docentes. Las medidas de distanciamiento social obligan a bajar la ratio y a desdoblar las aulas. Por otro lado, hay que llevar a cabo planes específicos de apoyo y refuerzo educativo con el alumnado que no ha podido realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado del tercer trimestre del curso 2019-20. Y hay que sustituir al profesorado vulnerable ante el covid19.
- Un Plan de digitalización: dotar de recursos tecnológicos a los centros, alumnos y docentes; adaptar los currículos y llevar a cabo los cambios metodológicos que permiten integrar la educación presencial y online. Este plan es necesario debido a los rebrotes que puedan surgir y obliguen, otra vez, al cierre de los centros.
La reapertura de los centros en el mes de septiembre debe garantizar todas las medidas preventivas frente al covid-19 y, a la vez, tiene que ser compatible con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Toda esta puesta en marcha recae sobre las comunidades autónomas, pero el gobierno debe dotar con el presupuesto necesario y definir las cantidades y partidas para hacer frente a este nuevo reto y superarlo con éxito.
