La Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento del municipio de Toledo ha aprobado recientemente la nueva Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante y el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) asociado al cambio de uso del edificio Alcázar. Esta decisión se tomó durante una reunión celebrada el lunes, donde la mayoría de los concejales presentes votaron a favor de ambos expedientes, los cuales están pendientes de ratificación en el pleno municipal programado para el próximo jueves.
La nueva Ordenanza de Venta Ambulante, elaborada por el departamento de Promoción Económica y Empleo dirigido por Juan Marín, actualiza una normativa que había quedado obsoleta desde 1983. La anterior regulación prohibía la venta de productos frescos, pero la nueva norma responde a las demandas de comerciantes y clientes, permitiendo la venta de frutas y verduras en los mercadillos del Polígono y del ‘Martes’. También se contempla la venta de productos como embutidos y quesos envasados al vacío, siempre que no requieran condiciones especiales de refrigeración, lo que significa que la venta de carne y pescado fresco seguirá prohibida.
Una vez que se ratifique la ordenanza en el pleno del jueves, se espera su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con el objetivo de que a finales de año se inicie la venta de estos productos en los mercadillos de Toledo, según ha comunicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.
En cuanto al edificio Alcázar, que se convertirá en un centro de referencia para la marca Joma, su modificación también recibió aprobación en la misma comisión. Este cambio de uso de cultural a terciario cuenta con el respaldo de los servicios de Urbanismo del municipio y de organismos autonómicos. El inmueble, que tiene valor patrimonial y está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), no sufrirá modificaciones en su fachada y se utilizará para la venta de productos de Joma y como sede de la firma, permitiendo la realización de eventos relacionados con el deporte dentro del horario comercial.
El cambio de uso no incrementará la edificabilidad del edificio, pero sí su aprovechamiento. Por ello, se plantea que la compensación económica que debe recibir el Ayuntamiento supere los 260.000 euros, según ha señalado el concejal del área, Florentino Delgado. Además, la Viceconsejería de Cultura ha sugerido que se realice un estudio histórico-arqueológico previo a las obras de demolición en el edificio, para asegurar que no se afecten elementos originales de especial protección.
Este PERI también será sometido a aprobación definitiva en el próximo pleno municipal a propuesta del concejal Florentino Delgado.
