En la Audiencia Provincial de Guadalajara se celebra un macrojuicio en el cual 27 personas están siendo juzgadas por fraude de IVA y falsedad documental, en el que se estima una cantidad cercana a los 30 millones de euros. La Fiscalía ha elevado sus conclusiones provisionales a definitivas para los cabecillas de la trama, y pide 18 años y seis meses de cárcel para cada uno de ellos. Los acusados son J.G.G y J.C.M.B, directivos y socios, T.G.G., hija del primero, y S.R.J., pareja del segundo.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los acusados cuatro años de cárcel por cada delito fiscal de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, además de una multa por el importe defraudado y dos años y medio por el delito de falsedad documental. Todas estas peticiones se basan en las declaraciones de los peritos y las pruebas periciales de la vigilancia aduanera.
La Fiscalía considera a los administradores de las sociedades instrumentales y a los testaferros autores de fraude de IVA y falsedad documental, mientras que califica a algunos empleados como colaboradores que participaron activamente en la trama.
El Ministerio Público ha destacado que se trata de una modalidad de «fraude en carrusel» en la que se establece un entramado societario ficticio para evitar que el fisco pueda darse cuenta de que los bienes viajan del tercer estado miembro al cliente final sin pasar por dichas empresas. Además, gracias al impago de los impuestos, los acusados vendían las mercancías más baratas, lo que afectaba a la competitividad de los empresarios cumplidores.
En cuanto a J.G.G., la Fiscalía destaca su grado de participación en la trama, siendo uno de los principales implicados y socio de J.C.M.B., con un papel esencial en la organización. El otro directivo, J.C.M.B., también es considerado otro de los cabecillas esenciales de la trama.
El juicio podría concluir en una o varias semanas, habiéndose adelantado su desarrollo respecto a la estimación prevista inicialmente.
