Los Grupos de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Zaragoza y Huesca han sido protagonistas en la operación Suspicio, una iniciativa que ha permitido la recuperación de 98 vehículos de alta gama y prémium que habían sido robados en varios países, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. El valor total de los vehículos recuperados y otros efectos intervenciones en el sector de la automoción supera los 6 millones de euros.
Durante esta operación, se han detenido a 66 personas implicadas en una organización criminal dedicada al robo de vehículos, quienes enfrentan diversos delitos asociados a su actividad delictiva. La investigación se inició en 2022, tras diversas comprobaciones realizadas por el Grupo de Investigación y Análisis Central de Tráfico de la Guardia Civil. En esos análisis, se detectó la utilización fraudulenta de documentos falsos y falsificados, que incluían permisos de circulación de distintos países de la UE, para legalizar vehículos que previamente habían sido robados y modificados, con el objetivo de introducirlos en España.
El trabajo conjunto con diferentes unidades policiales europeas permitió verificar la matriculación fraudulenta de estos vehículos en el país. La organización criminal adquiría de forma ilegal los automóviles en diversos países de la Unión Europea, tales como Alemania, Italia, Portugal, o Países Bajos, así como de terceros países como el Reino Unido y los Emiratos Árabes. Tras la adquisición, los delincuentes alteraban los elementos de seguridad y trazabilidad de los vehículos, cambiando su identidad original por la de otro automóvil legítimo mediante el uso de permisos falsificados.
Además, se comprobó que la organización introducía vehículos desde terceros países sin la debida homologación europea, haciéndolos pasar por vehículos europeos mediante documentos falsificados. Este proceso tenía como finalidad evadir impuestos especiales sobre el transporte, ocultando así la importación de vehículos no comunitarios sin una correcta acreditación.
Una vez llegado a España, los vehículos eran sometidos a inspecciones técnicas con documentación aparentemente legal, lo que permitía su posterior matriculación ante las jefaturas provinciales de tráfico. De esta manera, lograban introducir los vehículos en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional, a través de múltiples plataformas de compraventa de automóviles.
La operación Suspicio fue coordinada por el Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con la colaboración de la Unidad Técnica de Policía Judicial y la Agencia Frontex en el ámbito aduanero. También se contó con el apoyo de diversas unidades policiales de otros países europeos y del Departamento de Grafística del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, así como de los GIAT de varias localidades y jefaturas de tráfico en España.
