En los últimos meses, diversas comunidades autónomas han comenzado a reformular sus leyes LGBTIQ+, generando preocupación entre colectivos sociales, activistas y organismos de derechos humanos. Especialmente alarmante es el uso de los derechos del colectivo trans como moneda de cambio en acuerdos políticos, lo que está provocando la eliminación o limitación de garantías recogidas en la Ley Trans estatal.
Entre los aspectos afectados destacan la restricción del acceso a servicios de salud, la reaparición de las denominadas terapias de conversión —rechazadas por organismos internacionales como la ONU por considerarlas tratos crueles e inhumanos— y la supresión del derecho a la autodeterminación de género, incluso para menores de edad.
El caso más reciente se dio el pasado 30 de mayo en la Comunidad Valenciana, donde las Cortes Valencianas, con el acuerdo de PP y VOX, aprobaron la Ley 5/2025, una normativa de contenido fiscal y administrativo que también incluye modificaciones sustanciales a las leyes LGBTIQ+ autonómicas. Esta reforma eliminó garantías de autodeterminación de género, impuso la autorización de los tutores legales para que los menores puedan iniciar procesos de afirmación de género y eliminó la promoción de contenidos LGBTIQ+ en el sistema educativo. Además, se introdujo el controvertido pin parental, que permite a las familias vetar la participación de sus hijos en actividades complementarias relacionadas con la diversidad sexual y de género.
La Comunidad Valenciana se suma así a la línea marcada en 2023 por la Comunidad de Madrid, que también reformó su legislación autonómica para eliminar artículos relativos a la documentación para personas trans y dificultar la enseñanza sobre diversidad en centros educativos y medios públicos. En esta comunidad, la reforma impuso que los menores trans de menos de 16 años solo pudieran acceder a bloqueadores hormonales con autorización judicial o del tutor legal. Esta medida fue recurrida ante el Tribunal Constitucional tanto por el Defensor del Pueblo como por el Gobierno central. Hasta la fecha, el alto tribunal ha anulado el artículo que impedía a las asociaciones LGBTIQ+ actuar en causas penales o sancionadoras, incluso con el consentimiento de la víctima.
Otras comunidades, como Extremadura y La Rioja, también intentaron impulsar reformas que suponían un retroceso en la protección de los derechos LGBTIQ+, aunque en estos casos las propuestas fueron finalmente rechazadas.
En Castilla-La Mancha, la reciente reforma de su Estatuto de Autonomía, aprobada el 29 de mayo, ha generado críticas por eliminar toda mención expresa al colectivo LGBTIQ+ como grupo vulnerable, lo que muchos interpretan como una forma de invisibilización institucional.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ denuncian que estos cambios legislativos suponen un grave retroceso en derechos ya consolidados, y alertan del riesgo de que estas reformas abran la puerta a nuevas discriminaciones y obstáculos legales para personas que, hasta ahora, contaban con el respaldo de normativas progresistas en el ámbito autonómico.
“Los derechos de las personas LGTBIQ+ y, en especial, los de las personas trans, no pueden ser moneda de cambio y protegerse o no dependiendo de los intereses políticos de cada Gobierno autonómico. Los derechos de este colectivo deben estar garantizados en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que se viva. Que de manera recurrente se vuelva a debatir si se garantizan o se recortan los derechos de un colectivo que ha sufrido de manera sistemática discriminación y violencia, los aboca aún más a la vulnerabilidad y a la posibilidad de ser víctimas de delitos de odio”, dijo Beatriz Martos, responsable del trabajo sobre derechos LGTBIQ+ en Amnistía Internacional España.
En relación con los delitos de odio, según los últimos datos de la fiscalía, en 2023 aumentó el número de diligencias presentadas por delitos de discriminación relacionados con la orientación sexual e identidad sexual o de género, 90 frente a las 59 de 2022, constituyendo la segunda causa de delitos de odio después de los producidos por motivos racistas y xenófobos, mientras que los últimos datos recogidos por el Ministerio del Interior, también de 2023, muestran que el 68’8% de las víctimas identificaron “Orientación sexual/ identidad de género” como el motivo por el que fueron agredidas, por delante de las que identificaron racismo y/o xenofobia como motivo discriminatorio. Además, también según este Ministerio, los delitos de odio hacia las personas LGTBIQ+ cometidos en internet y redes sociales han aumentado en un 35% entre 2022 y 2023.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
A las comunidades autónomas, entre otras:
- Implementar de manera efectiva la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+.
- Prohibir la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contra condicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal.
- Adoptar políticas públicas para garantizar que no hay retrocesos en materia de derechos de las personas LGTBIQ+.
Al Gobierno central, entre otras:
- Promover la elaboración y aprobación de la estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBIQ+.
- Realizar estudios con enfoques interseccionales para documentar la violencia y la discriminación que sufren las personas LGTBIQ+, evitando que continúe invisibilizada
Situación de los derechos LGBTIQ+ en el mundo
Según datos de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), 64 Estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo. 12 países condenan o podrían condenar con pena de muerte las relaciones homosexuales consentidas (Arabia Saudí, Brunei, Mauritania, Irán, Nigeria, Uganda y Yemen, además de Afganistán, Paquistán, Qatar, Somalia y Emiratos Árabes Unidos). Desde 2008 hasta septiembre de 2024, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas ha documentado 5.040 asesinatos de personas trans y de género diverso en todo el mundo. Entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, se registraron 350 asesinatos a nivel global, el cuarto número más alto desde que se lleva el registro, siendo las mujeres trans racializadas las víctimas más frecuentes.
En América, Brasil volvió a ser, por decimocuarto año consecutivo, el país con más homicidios de personas transgénero en el mundo. En Estados Unidos, la legislación anti-LGBTIQ+ se expandió rápidamente y, a finales de 2024, solo el 54% de las personas adultas LGBTIQ+ vivían en estados donde existen leyes que reconocen y castigan los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. La situación se ha agravado con la administración Trump, que emitió una orden ejecutiva que reconoce oficialmente solo dos géneros: masculino y femenino, lo que ha dado paso a una serie de medidas que borran derechos y visibilidad de las personas trans. Entre ellas, la restricción del cambio de género en pasaportes, la creación de un portal para denunciar a profesionales que brinden atención médica de afirmación de género o la firma de una orden ejecutiva que pretende restringir el servicio militar a las personas transgénero y eliminar del ejército las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Además, se amenaza con retirar fondos a escuelas que reconozcan la identidad de estudiantes trans o les permitan usar baños acordes a su identidad.
En Europa, Turquía sigue prohibiendo las celebraciones de las marchas por los derechos de las personas LGTBIQ+, mientras que en Hungría el Gobierno de Víktor Orban aprobó recientemente un proyecto de ley sin llevar a cabo consultas, que prohíbe los desfiles del Orgullo, permitiendo a las autoridades imponer multas a quienes participen en ellos e incluso encarcelar a quienes los organicen, así como utilizar software de reconocimiento facial para identificar a quienes asistan, aún cuando el Orgullo lleva celebrándose de manera pacífica 29 años en la capital húngara. En 2023, en Rusia se aprobó una ley que prohibió a las personas trans acceder a tratamientos de afirmación de género y el reconocimiento legal de su identidad, además de invalidar los matrimonios trans y prohibir la adopción por parte de personas transgénero. A esto se unió que el Tribunal Supremo de Rusia declaró el “movimiento público internacional LGBTIQ+” como una “organización extremista”, prohibiendo sus actividades. Estas medidas represivas han supuesto la apertura de causas penales, el allanamiento de lugares LGBTIQ+, la imposición de multas, e incluso detenciones por exhibir símbolos de temática LGBTIQ+ como pines o pegatinas, o por publicar libros con este contenido, así como el cierre de grupos de defensa de las personas LGBTIQ+.
En Oriente Medio, en Libia, la policía y varias milicias detuvieron a personas solo por ser LGBTIQ+, y forzaron “confesiones” mediante tortura. En Iraq, se incrementó la represión contra este colectivo. En 2023, la Comisión Iraquí de Comunicaciones ordenó a los medios de comunicación evitar el uso de la palabra «género» y sustituir «homosexualidad» por «desviación sexual». En África, en Túnez, las personas LGBTIQ+ se enfrentaban a penas de hasta a dos años de prisión por mantener relaciones sexuales consentidas. Uganda cuenta con una de las leyes más duras del mundo contra las personas LGTBIQ+, que impone castigos como el encarcelamiento e incluso, en algunos casos, hasta la pena de muerte. Desde que se aprobó esta ley, aumentaron los ataques y la violencia contra las personas LGTBIQ+. Solo entre junio y diciembre de 2024, una ONG local registró 379 casos de violencia, entre ellos amenazas y agresiones físicas.
En Asia, aunque Tailandia y Taiwán son considerados como paladines de los derecho de las personas LGTBIQ+, en Amnistía Internacional hemos alertado sobre cómo la violencia en internet contra estas personas sigue socavando sus derechos y los avances logrados en ambos países.
Buenas noticias
Asia es uno de los continentes donde mejores noticias se han producido en relación con el avance en derechos del colectivo LGTBIQ+. Japón y Hong Kong han seguido haciendo avances para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que Tailandia lo ha aprobado recientemente, convirtiéndose así en el primer país del Sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas LGBTI. Grecia y Nepal también lo legalizaron en 2024. Siendo en total 38 los estados miembros de la ONU en los que el matrimonio igualitario es una realidad. España este año celebra los 20 años desde su entrada en vigor.
Otras buenas noticias en 2024, la justicia anulaba las leyes que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo en Namibia y en Dominicana. Islandiaprohibía las “terapias de conversión” y Finlandia permitía a las personas trans mayores de 18 años cambiar su género legal sin necesidad de un diagnóstico médico.
La resistencia más necesaria que nunca
Pese a los retrocesos, la respuesta de la sociedad y de los colectivos LGTBIQ+ sigue siendo cada vez mayor. Hemos visto manifestaciones multitudinarias en Argentina contrarias a los recortes de derechos que el Gobierno de Javier Milei está intentando imponer al colectivo. Y en Hungría, pese a la prohibición gubernamental de manifestaciones en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, el próximo 28 de junio se celebrará el Orgullo en Budapest, así lo ha asegurado el alcalde de la ciudad. A esta marcha han anunciado su presencia más de 70 eurodiputados y eurodiputadas, representantes políticos de diferentes países, incluyendo España, así como activistas de Amnistía Internacional de varios países, entre ellos cinco activistas de Amnistía Internacional España que estarán apoyando al colectivo LGBTIQ+ en la capital húngara. Hoy es más importante que nunca defender los derechos de las personas LGTBIQ+ en todo el mundo. Por eso, activistas de Amnistía Internacional participarán con el lema Orgullo de Ser en las manifestaciones que tendrán lugar estos días en diferentes ciudades españolas, Burgos, Granada, Jaén, Logroño, Madrid, Málaga, y Valencia, entre otras.
