La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este viernes un acuerdo con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial. Este acuerdo es parte de un anteproyecto de ley que, según un borrador al que tuvo acceso Europa Press, concede un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 a los convenios colectivos con una jornada promedio superior para adaptarse a esta nueva normativa.
Díaz ha logrado imponer su postura frente al Ministerio de Economía, que proponía una implementación gradual que podría extenderse hasta 2026, con el objetivo de facilitar a las empresas la transición desde las 40 horas actuales. Bajo la nueva ley, los contratos a tiempo parcial que tengan una duración igual o superior a 37,5 horas semanales se convertirán automáticamente en contratos a jornada completa. Para aquellos con jornadas inferiores, se garantiza que podrán mantener la misma cantidad de horas trabajadas y recibirán un aumento proporcional en su salario.
Asimismo, los trabajadores con horarios reducidos por razones de cuidado de menores o por ser víctimas de violencia de género o terrorismo también tendrán derecho a mantener sus horas actuales. También se permitirá que dichos trabajadores adapten su jornada a la nueva norma, con un límite temporal hasta el 31 de diciembre de 2026.
El Gobierno dispondrá de un plazo de 18 meses para revisar las jornadas especiales de trabajo, adecuando la normativa vigente a esta nueva jornada de 37,5 horas. Por otra parte, se contempla un endurecimiento de las sanciones, con multas de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal. Este aumento en las sanciones se debe a que se multará por cada trabajador afectado y se incrementará el monto de las multas, que pasarán de 7.500 euros a 10.000 euros por infracción grave.
El acuerdo también introduce cambios en el registro de jornada, buscando garantizar su eficacia y evitar el falseamiento de datos. Las empresas deberán mantener un registro digital diario y proporcionar a los trabajadores un resumen mensual de horas trabajadas, tanto ordinarias como extraordinarias. Los trabajadores deberán llevar personalmente los asientos del registro, asegurando su veracidad y facilitando el acceso a la Inspección de Trabajo.
Además, la norma refuerza el derecho a la desconexión digital de los trabajadores fuera de su horario laboral, considerándolo un derecho irrenunciable, prohibiendo cualquier represalia por no atender comunicaciones de la empresa.
Por último, se creará una mesa de diálogo social para evaluar la efectividad de la reducción de jornada y continuar avanzando en la duración máxima del tiempo de trabajo, tomando en cuenta las características de cada sector y la evolución económica.
