De acuerdo al estudio Los ciudadanos europeos y la propiedad intelectual (PI) llevado adelante por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, a los consumidores les sigue resultando difícil distinguir entre productos auténticos y falsificados.
Casi uno de cada diez europeos (9%) afirmó haber sido engañado al comprar falsificaciones, con diferentes significativas entre los Estados miembros de la UE. Los países con un mayor porcentaje de consumidores engañados son Bulgaria (19 %), Rumanía (16 %) y Hungría (15 %). Por el contrario, Suecia (2 %) y Dinamarca (3 %) registran las cifras más bajas de la UE. España está por encima de la media de la UE, con un porcentaje de un 12 % que afirma haber sido engañado para comprar productos falsificados.
En un contexto mundial en el que el comercio electrónico está en auge (más del 70% de los europeos compraron en línea en 2020, de acuerdo a Eurostat), la incertidumbre sobre los productos falsificados sigue siendo motivo de preocupación para los ciudadanos de la UE. De acuerdo al estudio, un tercio de los europeos (33%), se ha preguntado si un producto que compraron era original.
Las falsificaciones representan el 6,8% de las importaciones de la UE, por valor de 121.000 EUR, de acuerdo a un estudio conjunto realizado por la EUIPO y la OCDE, y afecta a todos los sectores: desde cosméticos y juguetes, hasta vino y bebidas, la electrónica, prendas de vestir e incluso plaguicidas. Además, pueden suponer riesgos graves para la salud y la seguridad de los consumidores, en particular debido a la exposición a sustancias químicas peligrosas, así como a otros peligros.
La preocupación por los productos falsificados aumentó en el marco de la pandemia de COVID-19. La proliferación de medicamentos falsificados, como antibióticos y analgésicos, y más recientemente, otros productos médicos, como los equipos de protección personal y las mascarillas, pusieron el foco en este fenómeno, ya que los infractores se aprovechan de la incertidumbre de las personas acerca de los tratamientos y las vacunas emergentes.
Además de los riesgos para la salud y la seguridad, las falsificaciones también provocan fallos de seguridad y pérdidas financieras.
La piratería digital es otro de los mercados lucrativos para los infractores. En el caso del IPTV (contenido televisivo adquirido a través de una conexión a Internet), las pérdidas son significativas. Los proveedores de IPTV ilegal ganan en la UE alrededor de 1.000 millones de euros al año, perjudicando a los creadores de contenidos y a las empresas legítimas.
Los delitos contra la IP son una actividad lucrativa en la que participan grupos de delincuencia organizada y cada vez hay más pruebas que demuestran la existencia de vínculos entre la falsificación y la piratería, así como otros delitos como el tráfico de drogas y de personas, la ciberdelincuencia o el fraude.
El director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau, remarcó que:
La propiedad intelectual es uno de los activos más valiosos de Europa, y un elemento clave para nuestra recuperación social y económica, especialmente para las pequeñas empresas. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el problema de los delitos contra la PI, con el aumento de los medicamentos y los productos médicos falsificados que representan una amenaza adicional para la salud y la seguridad de los ciudadanos. Se trata de una cuestión que viene de largo, a menudo interrelacionada con otros tipos de actividades ilegales, que requiere una actuación urgente, sólida y coordinada, y que recientemente se ha vuelto a incluir como una de las diez prioridades principales de la UE en la lucha contra la delincuencia organizada.
LAS PYMES Y LA VULNERACIÓN DE LOS DPI
Las falsificaciones no solamente afectan a los consumidores, también suponen un perjuicio importante para la economía de la Unión Europea y, en particular, para pequeñas y medianas empresas (pymes). De acuerdo al Barómetro sobre las pymes y la PI, publicado por la EUIPO, una de cada cuatro pymes en Europa afirmó haber sufrido vulneraciones de la PI, un 25,6% solamente en España.
Las empresas titulares de derechos de PI, como marcas o patentes, denunciaron una pérdida del volumen de ventas (33%), daños a la reputación (27%) y una pérdida de la ventaja competitiva (15%) a causa de la vulneración de sus derechos.
En la actualidad, menos del 9% de todas las pymes de la UE tienen registrados sus propios derechos de PI. Pero para aquellas que si lo hacen, la PI marca una gran diferencia: las pymes titulares de DPI, como patentes, dibujos y modelos o marcas, obtienen un 68% más de ingresos por empleado que aquellas que no son titulares, y sus empleados perciben salarios más altos.
Para aumentar la concienciación acerca del valor de la PI y ayudar a las pymes a potenciar su competitividad en el mercado, la EUIPO puso en marcha el programa Ideas Powered for Business, incluido un Fondo para Pymes de 20 millones de euros, en cooperación con la Comisión Europea y las oficinas de propiedad intelectual de los Estados Miembros. La iniciativa subvenciona tanto los servicios de evaluación de la PI como el 50% de las tasas de solicitud de marcas, y dibujos y modelos a escala nacional, regional o de la UE, y actualmente ayuda a miles de pymes a desarrollar sus estrategias de PI en estos tiempos difíciles.
