Los costes legales que deben asumir los propietarios para poder recuperar su vivienda ocupada se sitúan como una de las principales preocupaciones de los castellanomanchegos. En aquellos que declaran haber sufrido una ocupación, la preocupación por los costes de abogados, procuradores y demás trámites legales es un 25% mayor respecto a los que no han sufrido una ocupación en su círculo próximo, según recoge el informe “Los españoles ante el fenómeno de la ocupación ilegal” elaborado por DAS Seguros.
Esta inquietud creciente responde a la dilatación de los procedimientos judiciales en los Juzgados de Primera Instancia, cuyos plazos se han duplicado en los últimos cuatro años situándose en los 10,9 meses de media para los civiles.
Entre las preocupaciones ante una posible ocupación de la vivienda destacan, también, tener que hacer frente a los destrozos ocasionados en el inmueble (77%), los gastos asociados a los suministros utilizados por los ocupas (35%) o los costes de alojamiento en una vivienda alternativa (24%). En esta línea, el estudio de DAS Seguros destaca que, en los dos últimos años, tres de cada diez castellanomanchegos afirman que han ocupado alguna vivienda próxima a su residencia habitual. Según datos del Ministerio del Interior, que agrupan los delitos de allanamiento de morada y usurpación, los casos de ocupación ilegal en España han crecido más de un 45% en los últimos cinco años, alcanzando los 16.726 en 2022.
Ante esta situación, un 51% de los castellanomanchegos se muestra muy o bastante preocupado por la posibilidad de que le ocupen su vivienda, la de un familiar próximo o una vivienda en su edificio/comunidad. Las personas con mayor preocupación son las mayores de 55 años (64%) y las que disponen de una segunda residencia (61%).
“La experiencia directa o indirecta de una ocupación ilegal genera un alto nivel de preocupación entre los ciudadanos y no solo de forma especial por los problemas económicos que conlleva, sino también por las consecuencias emocionales que supone una usurpación o allanamiento de morada.”, explica Nàtalia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de DAS Seguros.
Para prevenir posibles casos de ocupación, la principal medida de seguridad tomada por los castellanomanchegos es no divulgar información personal por redes sociales (54%), instalar sistemas de seguridad (33%), pedir a los vecinos que le alerten (31%) y reforzar las cerraduras en puertas y/o ventanas (30%).
Percepciones respecto a la inseguridad jurídica
Más de la mitad de los castellanomanchegos (54%) percibe sentirse más desprotegido que los ocupas ante un fenómeno como éste, porcentaje que se dispara si los consultados declaran conocer de cerca una experiencia de ocupación.
Por perfiles, el porcentaje es más elevado entre las personas de mayor edad y entre quienes tienen una segunda residencia y, por regiones, son las comunidades de Murcia (66%) y La Rioja (58%) donde esta percepción es superior, seguida de Castilla La-Mancha (54%), Comunidad de Madrid (53%) y Andalucía e Islas Baleares con un 52% cada una.
“El informe confirma que la sensación de inseguridad jurídica de los propietarios ante este fenómeno es una realidad, aunque todos los actores implicados están avanzando en el desarrollo de soluciones que permitan poner coto a estas actuaciones. El desconocimiento existente relacionado con los procedimientos legales derivados de una usurpación o allanamiento y las herramientas legales al alcance de los propietarios hace que esta preocupación se acreciente. En estos casos, el asesoramiento legal continuado por parte de especialistas como DAS Seguros es clave para minimizar el impacto que puede suponer para las familias la ocupación de su propiedad” concluye Mañas.
