La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional con el objetivo de obligar al Gobierno a convocar la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Este órgano, crucial para la colaboración entre las entidades locales y el Estado, no se ha reunido de manera regular, y la necesidad de su convocatoria se vuelve apremiante para abordar la reforma del sistema de financiación local, un tema que debería ser tratado por el Ministerio de Hacienda.
La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha explicado que esta acción legal se debe a la «falta de respuesta» del Ejecutivo frente a las reiteradas solicitudes de la federación para la convocatoria de la CNAL. García-Pelayo ha señalado que tanto el pleno como las subcomisiones de este organismo deberían reunirse, al menos, dos veces al año. Sin embargo, la última sesión ordinaria tuvo lugar en septiembre de 2022, en la anterior legislatura. Aunque se han realizado convocatorias extraordinarias en diciembre de 2023 y julio de 2024, estas se limitaron a informar sobre la senda de gasto de los proyectos de presupuestos generales del Estado.
La presidenta de la FEMP ha resaltado la importancia de este foro para debatir los problemas de los ayuntamientos, destacando la falta de financiación y recursos. Según García-Pelayo, estos recursos no son para que los consistorios se los queden, sino para que sean utilizados en beneficio de los ciudadanos, quienes merecen recibir los mejores servicios posibles.
A pesar de los esfuerzos realizados, la FEMP no ha recibido respuesta a las cartas enviadas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solicitando la convocatoria del foro en tres ocasiones. La presidenta también ha contactado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien preside la comisión, sin obtener respuesta.
García-Pelayo ha expresado su preocupación por la situación actual, enfatizando que es fundamental que los ayuntamientos sean “escuchados” en el debate sobre la financiación autonómica. La falta de diálogo y colaboración entre el Gobierno y las entidades locales pone en riesgo la atención y los servicios que reciben los ciudadanos a través de sus ayuntamientos.
