En un contexto marcado por la tensión en las políticas hídricas regionales de España, los presidentes de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y de la Región de Murcia, Fernando López Miras, han mostrado su posición frente a las recientes declaraciones de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. García-Page, el jueves, advirtió sobre las consecuencias de persistir en la defensa del trasvase Tajo-Segura, alegando que su comunidad podría exigir la aplicación completa de las cinco sentencias ganadas por Castilla-La Mancha en defensa del río Tajo.
López Miras mostró su desconcierto ante las afirmaciones de García-Page, especialmente después de un reciente encuentro en Fitur donde, junto a Mazón, García-Page, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se evidenció un acuerdo respecto a la necesidad de un fondo de nivelación y una reforma del sistema de financiación autonómica. López Miras cuestionó la coherencia en demandar igualdad en la financiación pero no en el acceso a recursos como el agua.
En respuesta a García-Page, Mazón enfatizó en la importancia del “pacto” y la innecesidad de comunicar amenazas a través de los medios. Abogando por un «diálogo tranquilo», Mazón descartó responder con amenazas y, en lugar de ello, envió un mensaje de cordialidad.
En un acto en Murcia, ambos dirigentes ratificaron su compromiso unificando fuerzas con la firma de un manifiesto que reclama un Pacto Nacional del Agua. Este acuerdo busca garantizar el desarrollo y acabar con los enfrentamientos entre territorios por esta causa. López Miras expresó su convicción de que hay suficiente agua y enfatizó en la necesidad de una visión completa y solidaria para su aprovechamiento, criticando la postura del Gobierno central en la materia.
El manifiesto subraya la importancia de infraestructuras como el trasvase Tajo-Segura, crucial para ambas comunidades, y urge al Estado a potenciar la depuración y la reutilización de aguas, así como a implementar medidas para reducir el consumo hídrico.
Por su parte, Mazón lamentó lo que considera una «promesa incumplida» de Teresa Ribera, vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, en referencia a un compromiso de diálogo sobre soluciones hídricas y abogó por un pacto que respete la justicia distributiva y la solidaridad interterritorial.
Ambos dirigentes elogiaron las prácticas de gestión hídrica de sus comunidades y alentaron a que la gestión del agua avance mediante la unidad y la igualdad, desechando las diferencias y priorizando el interés nacional.
Este manifiesto y las declaraciones de ambos presidentes autonómicos destacan la urgencia de un consenso en políticas de agua que promueva un desarrollo equitativo y sostenible para todas las regiones de España.
