La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha experimentado una notable mejora en la atención a la dependencia, al pasar de tener 25.704 personas en situación de ‘limbo’ de la dependencia en 2015 a solo 1.211 en la actualidad, lo que representa una disminución del 95%. Este avance fue destacado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en una rueda de prensa donde evaluó los resultados del ranking del Observatorio de la Dependencia. Castilla-La Mancha, junto con Castilla y León, lideran este ranking, teniendo asignada una calificación de 8,3 sobre 10, en reconocimiento al progreso significativo gestionado por el Gobierno regional durante los últimos ocho años.
García Torijano puso de manifiesto que la región ha evolucionado positivamente desde tener una calificación de 4,5 hace ocho años, a raíz del trabajo meticuloso realizado en políticas sociales. Durante su mandato, se han rescatado 27.000 expedientes que se encontraban sin resolver. Asimismo, se ha aumentado la inversión en dependencia en 250 millones de euros anuales comparado con la cifra de hace ocho años, añadiendo más de 50.000 nuevas prestaciones al sistema desde 2015.
Detallando más, la consejera indicó que actualmente se atiende diariamente a 72.000 personas en la gestión de la dependencia de Castilla-La Mancha, con 5.019 incorporaciones solo en 2023, lo que ha supuesto un incremento del 7,45%. La región ha superado las 97.000 prestaciones, aproximándose al objetivo del presidente Emiliano García-Page de alcanzar o incluso superar las 100.000 prestaciones.
En 2023, el sector registró 11.597 nuevas prestaciones y se ha mantenido la incorporación de aproximadamente 1.000 prestaciones mensuales a lo largo del año. También ha habido un crecimiento en el empleo: la región contaba con 26.000 empleados en el sector, viendo un incremento del 4,26% respecto a 2022, y un aumento del siete por ciento en la contratación indefinida implicando que tres de cada cuatro empleados tiene un contrato indefinido.
En cuanto a las cifras de las cuidadoras no profesionales, 2.843 están actualmente dadas de alta en la Seguridad Social, representando un aumento del 13% y sumando 326 cuidadoras más que el año previo.
Los tiempos de tramitación de la dependencia también son un indicativo positivo, con una media de 191 días, notablemente por debajo de la media nacional de 324 días, subrayando que la atención se presta cuatro meses y medio más rápido que en el resto de España.
El informe del observatorio también distingue a Castilla-La Mancha en cuarta posición en lo referente a servicios de proximidad como la teleasistencia y ayuda a domicilio, permitiendo a las personas continuar viviendo en sus hogares, beneficiándose de los avances en tecnología digital.
La consejera destacó el trabajo realizado por las cinco delegaciones provinciales, con la tramitación de 25.911 solicitudes, 27.688 valoraciones y 33.459 resoluciones del Plan Individual de Atención en 2023. Subrayó además que se han gestionado 1.531 traslados de expedientes, de los cuales 1.000 son de otras comunidades autónomas hacia Castilla-La Mancha, reflejando la confianza en la gestión de dependencia de la región.
En el marco de las reivindicaciones por el bloqueo del convenio colectivo del sector de atención a la discapacidad, lideradas por las concentraciones convocadas por CCOO, la consejera sostiene que su departamento permanece atento, trabajando estrechamente con el colectivo de la discapacidad, aunque no interviene directamente en las negociaciones del convenio.
Respecto a los fondos estatales destinados para la dependencia en 2024, García Torijano reconoce la dificultad de prever la cifra exacta, aunque señaló que en 2023 hubo un 30% de corresponsabilidad estatal, y ha demandado al Gobierno que aumente su participación hasta un 50% en la cofinanciación con las comunidades autónomas. Por último, cifra la deuda del Estado con Castilla-La Mancha en más de 800 millones de euros, acumulada a lo largo de los años en los que la dependencia no fue atendida adecuadamente.
