Ricardo Sánchez, junto a otros dirigentes del PP, está bajo investigación judicial por favorecer a una empresa vinculada a un alto cargo del partido en la construcción de un tanatorio privado.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona ha iniciado diligencias previas por un presunto delito de prevaricación contra el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. La denuncia, interpuesta por el PSOE de Mairena del Alcor, señala que Sánchez paralizó un proyecto de tanatorio municipal y favoreció a una promotora vinculada a un dirigente del PP. La investigación involucra a otros miembros del partido y podría tener repercusiones significativas.
El juez busca esclarecer un posible delito de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Ordena a la Guardia Civil y la Fiscalía investigar el caso, basándose en la denuncia del PSOE presentada en abril. El proceso abreviado permitirá agilizar la instrucción y el juicio.
El contexto y los hechos
En 2015, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, gobernado por el PP, aprobó un tanatorio municipal, proyecto que quedó paralizado. En 2021, con Juan Manuel López como alcalde, se autorizó la construcción de un tanatorio privado, gestionado por una empresa vinculada a Francisco Rodríguez Roa, alto dirigente del PP andaluz. El PSOE denunció esta situación como un “pelotazo urbanístico”.
La empresa Gesit S.L., inicialmente adjudicataria, transfirió el proyecto a Previpaz S.L., propiedad de la familia de Rodríguez Roa. Este último ha trabajado en la empresa familiar durante ocho años. La investigación judicial podría llevar a la imputación de varios dirigentes del PP bajo la administración de Juan Manuel Moreno.
Implicaciones políticas y judiciales
La investigación judicial podría tener importantes repercusiones para el PP en Andalucía. La posible imputación de varios dirigentes del partido, incluyendo a Ricardo Sánchez, podría afectar la imagen y el futuro político del PP en la región. La resolución de este caso será clave para esclarecer las responsabilidades y consecuencias de las acciones de los implicados.
Además, el caso pone en el punto de mira la transparencia y gestión de proyectos públicos en los ayuntamientos, subrayando la necesidad de una mayor vigilancia y rendición de cuentas en la administración local. Este escándalo podría desencadenar una revisión de procedimientos y políticas internas para evitar situaciones similares en el futuro.
