La Federación Regional de Empresarios de Papelerías y Librerías de Castilla-La Mancha ha exteriorizado su malestar en relación con el Banco de libros y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, alegando un «profundo descontento y preocupación» por no ser incluidos en la gestión de dicha iniciativa. En un comunicado de prensa, la Federación ha criticado la manera en la que se ha configurado el decreto que regularía el Banco de libros, indicando que sus aportaciones y experiencia en el sector no han sido consideradas.
A pesar de apoyar la gratuidad del acceso a la educación que busca promoverse mediante el Banco de libros, los empresarios han denunciado estar en «total desacuerdo» con las condiciones unilaterales de venta impuestas por la Consejería, que según indican, les forzaría a «vender a pérdida». La situación se agrava al considerar que la Junta ha fijado un precio máximo para los libros de texto de Primaria y Secundaria que no cubre el coste de adquisición, infringiendo de este modo la Ley de Comercio Minorista al requerir ventas por debajo del coste de producción.
La normativa relativa a los libros de Bachillerato también ha sido motivo de reprobación, puesto que respetando la Ley del libro de precio fijo, se impide a las librerías igualar el precio unilateralmente establecido por la Junta sin violar esta legislación que estipula un descuento máximo de 15% aplicable a centros públicos.
El desacuerdo se acentúa al desconocer el método mediante el cual la Administración ha llegado a estos precios máximos, lo que pone en peligro la realización de adquisiciones de libros de texto, amenazando con declaraciones desiertas si las librerías no infringen la legislación vigente, algo que, como afirman, «hasta día de hoy siempre hemos pensado que defendían».
Por último, desde la Federación se ha propuesto la colaboración con la Consejería presentando documentación necesaria que justifique los precios de libros y catálogos de los editores, con el objetivo de reconciliar la viabilidad de las librerías, el tejido empresarial y el acceso justo y razonable al material educativo por parte de las familias de Castilla-La Mancha. La petición clara es que se revisen las condiciones actuales y se busque un equilibrio que no comprometa la economía del sector librero, al tiempo que se fomente la educación accesible para todos.
