En el distrito de Matiari, provincia de Sindh, Pakistán, Guddi, una mujer de unos 50 años, se encuentra entre las vastas extensiones de algodón que representan tanto su sustento como su prisión. Junto a las hordas de aparceros atrapados en una esclavitud moderna por deudas a menudo infladas, Guddi recoge algodón sin esperanzas de un futuro diferente para sus seis hijos, condenados, según ella, a vivir en servidumbre como lo ha hecho ella. Esta práctica se refleja en un oscuro panorama que coloca a Pakistán como uno de los siete principales productores de algodón del mundo, contrastando dramáticamente con su posición en el Índice Global de Esclavitud, donde ocupa el lugar 18 con 2.3 millones de trabajadores en condiciones de servidumbre.
A pesar del esfuerzo manual de personas como Guddi, la industria algodonera en Pakistán es un engranaje fundamental en la cadena de suministro global de la moda, alimentando especialmente a la Unión Europea, su mayor mercado de exportación. Sin embargo, esta contribución espectral a la moda global podría enfrentarse a un cambio drástico con la introducción de dos legislaciones históricas por parte de los legisladores de la UE, destinadas a prohibir la importación de productos que involucren trabajo forzoso y a imponer a las empresas la obligación de identificar y prevenir impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de su cadena de suministro, previstas para entrar en vigor en 2025 y 2027, respectivamente.
En una maniobra controvertida, el Parlamento Europeo ha eximido a los minoristas de moda de bajo costo de desvelar la trazabilidad completa de su cadena de suministro, lo que ha generado críticas entre defensores de los derechos humanos y activistas. Alegan que este paso atrás en la transparencia beneficia predominantemente a grandes marcas y perpetúa las condiciones laborales injustas, especialmente en las plantaciones de algodón.
El escenario en Pakistán es sombrío, con millones de niños, como la hija de 13 años de Guddi, abandonando la escuela para trabajar en las plantaciones de algodón. Este trabajo infantil, alimentado por la necesidad de sobrevivir, plantea una profunda pregunta sobre la voluntariedad y la forzosidad en la contribución de estos niños al ingreso familiar bajo condiciones de servidumbre por deudas.
A pesar de los esfuerzos como el Proyecto Clear Cotton de la OIT, financiado parcialmente por la UE, que logró sacar a 1.671 niños del trabajo y ofrecerles educación, la falta de transparencia de la cadena de suministro y la ineficaz aplicación de las leyes contra el trabajo infantil y la esclavitud por deudas siguen siendo problemas crónicos. El desinterés y la falta de capacitación de los escasos inspectores laborales agravan esta situación, permitiendo que persistan estas prácticas deplorables a pesar de tener «algunas de las mejores leyes».
En este contexto, la decisión de la UE de extender su régimen comercial favorable hacia Pakistán, el GSP+, hasta 2027, en medio de la recuperación de terribles inundaciones, plantea preguntas sobre el compromiso real de la comunidad internacional hacia la erradicación del trabajo infantil y forzoso. Mientras Pakistán sigue beneficiándose económicamente de preferencias comerciales, los derechos laborales y humanos de sus trabajadores, especialmente los niños, continúan siendo violados.
Esta compleja trama de legislación internacional, derechos laborales e intereses comerciales subraya la urgente necesidad de un compromiso más profundo y efectivo para abordar la esencia del trabajo forzoso y garantizar que la industria de la moda global se construya sobre principios éticos y justos, en lugar de perpetuar ciclos de pobreza y explotación.
