A partir del 25 de agosto, la Unión Europea implementa una nueva legislación que promete cambiar el panorama digital en el continente. La Ley de Servicios Digitales (DSA) será legalmente aplicable, afectando a grandes tecnológicas como Google, Amazon, Meta (anteriormente Facebook), X (anteriormente Twitter), TikTok y otras que acumulan más de 45 millones de usuarios en la UE.
¿Qué implica esta nueva ley?
La Comisión Europea y los estados miembros podrán tener acceso a los algoritmos de estas plataformas, que ahora estarán obligadas a eliminar contenidos ilegales, engañosos o que inciten al odio poco después de ser denunciados. Aunque no se espera un cambio inmediato en la experiencia del usuario, a largo plazo, es probable que se observen modificaciones sustanciales.
Protección a los usuarios y regulación de las «Big Tech»
La DSA también busca regular las prácticas engañosas en línea, conocidas como «patrones oscuros de la web». Además, las plataformas accesibles por menores deberán establecer medidas especiales de protección. Así, se prohíbe que las plataformas muestren publicidad dirigida basada en datos personales de menores.
Objetivos principales de la DSA
La ley busca proteger los derechos fundamentales en línea, establecer un marco transparente para las plataformas, promover la innovación y garantizar precios competitivos. Se espera que, gracias a estas medidas, los ciudadanos tengan una mayor protección en línea, menos exposición a contenidos ilícitos y más opciones con precios más bajos.
¿A quién afecta esta legislación?
La ley se aplica a varios servicios de intermediación en línea. Esto incluye desde proveedores de acceso a internet hasta plataformas en línea que conectan a vendedores y consumidores. Las plataformas de gran envergadura que alcanzan más del 10% de la población europea tendrán normas específicas. La ley también es aplicable a empresas fuera de la UE que ofrezcan servicios en el mercado único.
Consecuencias de las nuevas obligaciones
La implementación de la DSA fortalecerá los mecanismos de eliminación de contenidos ilícitos y protegerá los derechos fundamentales de los usuarios. Las plataformas deberán cooperar con «alertadores fiables», garantizar a los usuarios la posibilidad de impugnar decisiones y ser transparentes sobre los algoritmos utilizados para las recomendaciones. Además, se introducirá una estructura de supervisión adaptada al ciberespacio, con la Comisión encargada de supervisar a las plataformas de mayor tamaño.
Este nuevo marco legal no solo redefine la relación entre las plataformas digitales y los usuarios sino que también establece un precedente en la regulación del espacio cibernético, buscando un equilibrio entre proteger a los ciudadanos y fomentar la innovación y el crecimiento. La UE se encuentra en la vanguardia de este desafío, y el mundo estará observando cómo se despliegan estas regulaciones en la práctica.
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