El reciente y trágico asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años en Francia, ha sacudido al país y desatado un clamor popular por la justicia. La pequeña fue reportada desaparecida el 29 de mayo, y su cuerpo fue encontrado la semana pasada. El sospechoso, un hombre de 41 años, padre de un compañero de clase, contaba con múltiples denuncias por abuso de menores, incluyendo acusaciones de violencia sexual contra su propia hija. Aún así, permanecía en libertad, lo que ha llevado al gobierno a enfrentar severas críticas por un sistema que visiblemente falló en proteger a la menor.
Ante la indignación generalizada, el primer ministro Sébastien Lecornu ha convocado a una reunión de emergencia con sus ministros para diseñar un plan que fortalezca la protección de los menores y cierre las brechas en la legislación actual. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, admitió que el sistema judicial había fallado, y se anunció una revisión de 70,000 expedientes relacionados con abusos a menores en un intento por garantizar que no se repitan estos errores fatales.
Las manifestaciones han estallado en más de 160 ciudades, impulsadas por grupos feministas y de defensa de los derechos infantiles, exigiendo un cambio inmediato en la forma en que se manejan los casos de abuso. El presidente Emmanuel Macron también expreso su consternación, señalando que «no se pueden mirar a la cara a las familias» después de tales desgracias, mientras el gobierno se enfrenta a la responsabilidad de actuar para evitar que tragedias semejantes vuelvan a ocurrir.
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