La inmensa mayoría de las reformas laborales que se han sucedido en España desde 1977, ora con el PSOE, ora con el PP, solo buscaban abaratar el valor del trabajo y se hicieron sin el acuerdo de los sindicatos. La última, directamente al dictado de la patronal. Ahora, por primera vez, estamos en disposición de recuperar derechos y restablecer equilibrios. Y no he oído que la CEOE, que es una organización muy seria, tenga nada serio que oponer.
Javier Morales
Secretario general de CCOO-Guadalajara
La legislación laboral vigente ha convertido a millones de personas trabajadoras en utensilios de usar y tirar a disposición de las empresas. Un solo dato: Nueve de cada diez contratos realizados el año pasado en Guadalajara fueron temporales. Y de cada diez contratos temporales, casi la mitad (el 47%) tuvieron una duración inferior a una semana. Esta precariedad conlleva pobreza, siniestralidad, desigualdad… vienen todas de la mano.
Cuando hablamos de derogar la reforma laboral que ha sembrado y sustenta esta realidad desoladora hablamos de millones trabajadoras y trabajadores que han visto degradadas sus condiciones laborales, devaluados sus salarios y precarizados sus empleos con el falso y miserable argumento de que sólo así les es posible a las empresas sostener y generar puestos de trabajo.
Un argumento falaz, pero reiterado sin vergüenza ninguna para fundamentar muchas de las reformas legislativas en materia laboral que, desde 1977 en adelante, se han sucedido en nuestro país en la etapa democrática. Y que, con muy poquitas excepciones, se han aprobado e impuesto sin consenso, en concreto sin el consenso de los sindicatos.
La inmensa mayoría de estas reformas, ora con gobiernos del PSOE, ora del PP, no buscaban otra cosa que abaratar el valor del trabajo. Muy especialmente la del 2012; que, más que pactada por el Gobierno de Rajoy y CEOE-CEPYME, fue trascrita por la ministra Báñez al dictado de la gran patronal (cuya Fundación ¡premio!, preside en la actualidad, entre otras bicocas).
Los sindicatos no sólo fueron excluidos del proceso de gestación de esta reforma, sino que la propia Ley 3/2012, de medidas urgentes para la Reforma del mercado laboral, incluyó medidas específicamente diseñadas para constreñir su capacidad de intervención en el cogobierno de las relaciones laborales; cercenando el valor de la negociación colectiva y sustrayendo así a los sindicatos la responsabilidad esencial que les encomienda la Constitución: defender los intereses de las/os trabajadoras/es.
Ahora, por primera vez en décadas, estamos en disposición de recuperar derechos laborales. Las dos últimas huelgas generales y la presión, la movilización y la denuncia permanente de los más que perniciosos efectos de la Reforma Laboral pusieron la necesidad de derogarla en el centro del debate social y político. Y, también, en los programas electorales de los partidos que hoy gobiernan en coalición.
En cumplimiento de sus (más o menos coincidentes) compromisos programáticos y de su pacto de Gobierno; en cumplimiento también del Componente 23 del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea, el actual Gobierno, a través de su Ministerio de Trabajo, lleva desde marzo de 2021 negociando con patronales y sindicatos, en el marco del diálogo social, una nueva regulación laboral que, obviamente, debe incluir la derogación de los aspectos más perniciosos de la ahora vigente.
Hasta donde sabemos, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos tenían ya mucho avanzado a finales del pasado mes de octubre. Tanto que la patronal entró en combustión. Desconfiada ante la coincidencia de objetivos y voluntades de los otros dos interlocutores, desconcertada por no tener nada serio que oponer y preocupada por lo que fueran a pensar ‘los suyos’, comenzó a emitir mensajes de alarma.
A la derecha económica no le faltan altavoces mediáticos, que enseguida pusieron a retumbar sus tambores de guerra al comunismo y esas cosas, sin olvidar reivindicar el derecho de veto patronal frente a los desmanes bolivariano-sindicales del Gobierno de coalición; pero olvidando las tantísimas reformas laborales que han sido llevadas al BOE sin el acuerdo de los sindicatos, y sin que nadie reclamara derecho de veto alguno para los representantes de los trabajadores.
Tampoco le faltan a la CEOE vínculos filiales con la derecha política (extrema o más o menos), cuyo líder actual reveló estultamente frente a un micrófono el núcleo central de su ambición política en materia socioeconómica y laboral: “Hay que romper las barreras sindicales”, dijo el señor Casado (“Y, así, todo el monte será orégano para el empresariado patrio”, añadió elípticamente. Quiero creer que hasta la CEOE se llevó las manos a cabeza.)
Pero tampoco le faltan a la patronal conexiones con el Gobierno, sea cual sea y faltaría más. Así que, ante la agitación patronal, la pata gubernamental de la mesa tripartita del diálogo social, en la que se trabajaba en el diseño de un nuevo y más justo marco laboral para nuestro país, comenzó a tambalearse y dejó de pronto de llegar al suelo.
Los socios, PSOE y UP, han tardado un par de semanas en volver a tomarle la medida a su propia pata en la mesa del diálogo social, han puesto la cuña requerida para nivelarla de nuevo y ya volvemos a tener a los tres interlocutores firmemente asentados frente al tablero.
Entiendo que el Gobierno y cada uno de los partidos que lo forman (y también los de la oposición), al igual que la patronal y los sindicatos, tienen (tenemos) sus propios públicos, para los que no solo trabajan: también tienen que actuar para su aleccionamiento y solaz, proveerles de eslóganes, halagar sus oídos. Los muchos aplausos que iba cosechando la ministra de Trabajo inquietaron al PSOE, que quiere también recibir los suyos; al igual que la satisfacción de los sindicatos por los progresos en la mesa de negociación inquietaba y disgustaba a la CEOE, que no tenía ningún triunfo que exhibir ante sus afiliados y adeptos.
Tampoco he escuchado a los dirigentes patronales oponerse seriamente a los objetivos centrales de esa mesa: a ver con qué cara y con qué argumentos se pueden negar a restablecer la equidad en la correlación de fuerzas del capital-trabajo en la negociación colectiva, a recuperar la ultraactividad de los convenios y a restituir la prioridad de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa que empeoren las condiciones laborales y rebajen los salarios. La inmensa mayoría de los empresarios del país están de acuerdo con esto.
El empresariado y sus representantes admiten también que hay que buscar mecanismos de ajustes de empleo alternativos al despido (ahí están los ERTE, aprobados y renovados con su acuerdo y su apoyo). Y ellos mismos reconocen, no les he escuchado otra cosa, que hay que erradicar la precariedad y reducir la temporalidad; lo que pasa por extender la aplicación de los convenios de sector a las contratas y subcontratas y por regular, acotar, establecer requisitos y poner límites a la contratación temporal.
Por esta cuestión sí anda refunfuñando el señor Garamendi. Pero no por la sustancia y la finalidad, sino por un quíteme allá un porcentaje o amplíamelo en tal otro sector. Y hace y hará bien en disputar cada punto porcentual. Y en discutir cada punto ortográfico, y cada coma, y cada punto y coma; claro que sí.
Campo hay para la negociación, para el ajuste de voluntades, para la concordancia en la redacción legal, e incluso en la reglamentaria. Lo que no cabe es afirmar una cosa y la contraria; ni incumplir los compromisos, ni salirse por la tangente para que el diálogo social descarrile; ni decir a todo que no por postureo; ni mucho menos exigir un derecho patronal de veto.
Su derecho y obligación es “la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”, exactamente el mismo mandato constitucional que tienen mi sindicato y la UGT, a los que corresponde defender a los trabajadores y las trabajadoras. A ver si esta vez sí nos dejan. Muy a menudo nos dejaron fuera, pero siempre nos queda y nos quedará la calle, la movilización, la lucha.
