La reciente muerte de Renee Nicole y Alex Pretti por agentes de la Patrulla Fronteriza (ICE) ha reavivado un intenso debate en torno a la presencia de estas fuerzas en eventos internacionales, lo que llevó al gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni, a enfrentar críticas sobre la participación de sus agentes en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en febrero. Iniciado con una negativa inicial del Ejecutivo, el asunto escaló rápidamente cuando la propia agencia estadounidense confirmó su participación, explicando que su rol sería meramente consultivo y sin atribuciones operativas en el país.
El escándalo ha polarizado las opiniones en Italia, generando una fuerte respuesta no solo del gobierno, sino también de figuras políticas como el alcalde de Milán, Beppe Sala, y el partido Italia Viva, que han condenado la presencia de ICE, describiéndola como una «milicia» y una amenaza a los valores democráticos de la nación. A medida que las críticas se intensifican, el Ministerio del Interior ha reiterado que la seguridad de la cita olímpica será gestionada exclusivamente por las autoridades italianas, reafirmando un enfoque centrado en la protección del orden público.
Este contexto tenso llega justo en un momento crítico para Meloni, quien intenta equilibrar su relación con Washington mientras se enfrenta a crecientes presiones internas para distanciarse de las políticas del ex presidente Trump. En un giro notable, ha comenzado a cuestionar públicamente algunas de las posiciones de Trump, lo que pone en entredicho su anterior compromiso de alianza. La controversia en torno al ICE podría intensificar este distanciamiento, planteando interrogantes sobre la dirección futura del liderazgo italiano en un panorama internacional cada vez más complejo.
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