El juicio contra las ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara, que participaron en una protesta en el interior de una sucursal bancaria de Cabanillas del Campo, se llevará a cabo los días 10 y 12 de febrero. Las acusadas se enfrentan a penas que varían desde los 11 meses solicitados por la Fiscalía hasta los 3 años y medio reclamados por la entidad bancaria. Las activistas ya han anunciado que no se presentarán en el Juzgado de Instrucción número 1, argumentando que su decisión forma parte de una «objeción de conciencia» bajo la consigna «#NoNosPresentamos».
Ivalú Fuica, portavoz de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, afirmó a Europa Press que esta decisión es una forma de resistencia, señalando que no consideran que hayan cometido un delito al defender derechos fundamentales. Este proceso se remonta al 5 de diciembre de 2017, cuando las activistas exigieron la paralización del desahucio de una familia por parte de Caixabank. Durante la protesta, las activistas fueron desalojadas y detenidas, pero fueron liberadas posteriormente gracias a una concentración de más de un centenar de personas que se congregaron frente al cuartel de la Guardia Civil.
Las activistas sostienen que enfrentarse a un juicio por el ejercicio de un derecho fundamental no es algo que estén dispuestas a tolerar. A través de su decisión de no acudir al juicio, buscan no legitimar la acción de los tribunales y alentar a otros represaliados a «perder el miedo», enfatizando que la desobediencia civil no es un delito. «No a los juicios políticos», es una de sus consignas.
Desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara consideran que este proceso judicial representa un intento de criminalizar a quienes luchan por derechos básicos, como el derecho a la vivienda. Mencionan que recientemente, el Tribunal Supremo ratificó una condena a seis trabajadoras y sindicalistas de la CNT, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de los movimientos sociales frente a la justicia.
Las acusadas critican las pruebas que la Fiscalía y Caixabank han presentado, considerándolas insuficientes para llevar a juicio a personas que, según ellos, no coaccionaron a nadie ni tuvieron ánimo delictivo. Aseguran que el juicio, que ya había sido suspendido por la huelga en Justicia, es una muestra del intento del Estado de silenciar a quienes luchan por sus derechos. La portavoz de la plataforma concluyó que no pueden seguir soportando que sus protestas sean intimidadas y que continúan exigiendo su derecho a la acción organizada.
