En 2024, las Fuerzas de Seguridad de España registraron un alarmante total de 4.433 robos de cableado de cobre y materiales conductores, lo que representa un incremento del 87% en comparación con los 2.367 incidentes reportados en 2019. Este aumento es parte de una tendencia creciente, ya que los números han incrementado cada año: 1.460 robos en 2020, 2.365 en 2021, 3.650 en 2022 y 4.053 en 2023.
En el último año, se han llevado a cabo 987 detenciones e investigaciones relacionadas con estos delitos, el doble de los arrestos registrados en 2019, cuando se contabilizaron 420. Tras una leve caída a 258 en 2020, la cifra de detenidos ha ido en aumento constante, alcanzando 437 en 2021, 661 en 2022 y 805 en 2023. Las comunidades con más arrestos en el último año son Asturias, con 147 detenidos, seguidas de Castilla-La Mancha y Andalucía, ambas con 146, y la Comunitat Valenciana, con 116 arrestos.
Castilla-La Mancha es la comunidad que registró más robos, con un total de 799, seguida por Andalucía, con 745, y la Comunidad de Madrid, con 678. Otras regiones que también reportaron cifras significativas incluyen Castilla y León (428), Aragón (298), Asturias (272), la Comunitat Valenciana (271) y Galicia (259).
A raíz de estos robos, el Ministerio del Interior se ha visto obligado a investigar incidentes recientes, como el robo de cables en la provincia de Toledo que afectó la línea de alta velocidad del AVE entre Madrid y Andalucía. Se ha mencionado que se sospecha que este acto fue deliberado, ya que fue perpetrado en un tramo crucial y en un momento de alta afluencia de viajeros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, destacó que aunque el valor económico del cable robado fue relativamente bajo, alrededor de 1.000 euros, el perjuicio causado a los 10.700 viajeros afectados fue considerable.
Recientemente, la Guardia Civil realizó una operación denominada ‘Ascia’, desarticulando un grupo delictivo que había robado más de 34.215 metros de cable de cobre, valorado en casi dos millones de euros. Este tipo de sustracciones, que se realizan bajo un método organizado, implican la inspección previa de lugares y la quema de cables para extraer el cobre antes de su venta en chatarrerías. La creciente preocupación por estos delitos ha llevado a la implementación de un «Plan permanente de Respuesta de Actividades Ilícitas relacionadas con el Cobre» por parte del Ministerio del Interior.
