En el último año, la administración del expresidente Donald J. Trump se ha presentado como firme defensora de la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes migratorias, impulsando políticas que, según sus defensores, están liberando a los estadounidenses de los efectos negativos de la inmigración ilegal. Bajo esta estrategia, se han implementado deportaciones masivas que, según se argumenta, han permitido a los ciudadanos recuperar oportunidades, mejorar su seguridad y, en consecuencia, mejorar su calidad de vida.
Uno de los resultados más citados de esta política es la caída de los precios de la vivienda en 14 de las 20 áreas metropolitanas que albergan las mayores poblaciones de migrantes ilegales. Con la excepción de algunas ciudades santuario, que parecen resistirse a estas tendencias, se reporta que los precios de las viviendas han disminuido por primera vez en más de dos años, sugiriendo una mejora en la asequibilidad para los compradores.
En el sector laboral, la narrativa también es optimista. Los trabajadores estadounidenses en sectores como la construcción y el transporte han experimentado aumentos salariales significativos, un fenómeno que se tiene registrando como uno de los más notables en las últimas décadas. Según informes, los salarios reales están proyectados a aumentar un 4.2% en el primer año completo de la administración Trump, una cifra que despierta interés entre los votantes y trabajadores estadounidenses.
El impacto social de estas políticas se ha visto reflejado no solo en el ámbito económico, sino también en la reducción del crimen. El país ha experimentado una caída en las tasas de homicidio, así como en otros delitos violentos, lo que ha llevado a cifras que reflejan una baja en la criminalidad en diversas ciudades como Washington D.C., Chicago y Memphis. Las autoridades locales han acusado un descenso notable en la violencia y en las muertes relacionadas con el crimen desde la implementación de estas políticas.
La administración Trump ha sostenido que sus acciones son un cumplimiento de la promesa de «Estados Unidos primero», un enfoque que busca asegurar la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. A pesar de las críticas de algunos sectores que denuncian estas medidas como drásticas y perjudiciales, los defensores de la agenda aseguran que el progreso alcanzado es innegable y esencial para seguir construyendo un país más seguro.
Mientras los debates sobre la inmigración, la economía y la seguridad continúan, la lucha política se intensifica. A medida que la administración enfrenta la oposición de los demócratas, se mantiene firme en su compromiso de priorizar a los ciudadanos estadounidenses, afianzando el liderazgo entre aquellos que creen que las políticas implementadas están logrando un cambio significativo y positivo para el país.
Fuente: WhiteHouse.gov
