El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la actualización del modelo de representación de las organizaciones profesionales agrarias, al aprobar este jueves la Proposición de Ley que establece criterios claros para determinar su representatividad. Esta iniciativa, impulsada por el grupo socialista (PSOE), ha recibido el apoyo tanto del PSOE como del Partido Popular (PP), mientras que Vox ha expresado su rechazo.
La Proposición refleja la reciente modificación a nivel nacional surgida de la Ley contra el desperdicio alimentario, que busca actualizar un sistema que, según el parlamentario Antonio Sánchez del PSOE, se basa en las elecciones a Cámaras Agrarias realizadas en 1977. Durante su intervención, Sánchez subrayó la necesidad de esta actualización, argumentando que es esencial adaptar la legislación local al nuevo marco nacional aprobado.
Sánchez detalló que la nueva ley establece criterios para que las organizaciones agrarias puedan participar en el procedimiento de determinación de su representatividad. Además, se requiere que dichas organizaciones cumplan con lo estipulado en la ley de representación sindical y que formen parte de una estructura nacional que esté vinculada al Comité de Organización de Profesiones. Estos criterios, según el diputado socialista, buscan objetivar el proceso de determinación de representatividad.
Desde el Partido Popular, el diputado Santiago Lucas Torres también se pronunció sobre la importancia de la representatividad agraria, resaltando el papel esencial que estas organizaciones desempeñan en la defensa de los intereses del sector ante las administraciones. Lucas Torres enfatizó que las organizaciones agrarias son el canal natural para transmitir las demandas de los trabajadores del campo, y que es imperativo que tengan voz y capacidad de acción ante las instituciones.
El parlamentario ‘popular’ insistió en la necesidad de establecer criterios objetivos y transparencias que respalden el papel de estas organizaciones, sugiriendo que deberían recibir subvenciones adecuadas y que se reconozca la representatividad actual de manera transitoria. Aclaró que la nueva ley no pretende imponer ni excluir a nadie, sino regular y legitimar un sistema que llevaba décadas desactualizado.
En contraste, Vox, representado por el diputado David Moreno, se opuso a la Proposición, calificándola de «copia literal» de la legislación nacional y criticando el procedimiento de trámite urgente. Moreno afirmó que la normativa es una «deuda pendiente» con el sector primario y cuestionó la prisa de los grupos parlamentarios en aprobarla. Argumentó que la representatividad debe ajustarse a la realidad del campo español en lugar de a los intereses políticos de los partidos en el poder, sugiriendo que con la nueva legislación, el sector poco ganaría mientras los partidos socialistas y populares no estén dispuestos a implementar las modificaciones necesarias.
