En un movimiento significativo contra extremismos, Alemania ha marcado un precedente con la prohibición del grupo ultraderechista Königreich Deutschland, parte integral del movimiento Reichsbürger, que desafía la legitimidad de la República Federal Alemana. Heinrich XIII, un aristócrata con ambiciones monárquicas y líder en este movimiento, se vio envuelto en controversia tras ser detenido por planear un golpe de Estado en 2022, elevando la tensión en la arena política alemana.
Este martes, Alexander Dobrindt, el ministro del Interior alemán, anunció la prohibición de Königreich Deutschland, acusando al grupo de intentar establecer un «contraestado». La operación policial, ejecutada en siete estados alemanes, resultó en cuatro arrestos, incluyendo el de Peter Fitzek, el cocinero y profesor de kárate que se autoproclamaba como el monarca del «Reino».
Las autoridades alemanas han clasificado a este movimiento como uno de los desafíos más importantes contra el orden democrático liberal del país. Se subrayó que miembros de esta organización han intentado socavar la Constitución desde dentro, creando un «contraestado» y estructuras dedicadas a la comisión de delitos económicos.
Este episodio se llega en medio de un contexto político germano tenso, con discusiones activas sobre la posibilidad de ilegalizar Alternativa para Alemania (AfD), un partido de extrema derecha señalado recientemente como «extremista» por los servicios de inteligencia del país. Sin embargo, el gobierno de Friedrich Merz, quien respaldó la decisión contra Königreich Deutschland, no persigue la prohibición de AfD, prefiriendo atender las causas subyacentes de su popularidad.
El Reichsbürger busca la restauración del Reich Alemán, desaparecido en 1945, y cuenta con aproximadamente 21,000 seguidores, con una fracción de ellos dispuestos a la violencia y en posesión legal de armas. La prohibición de Königreich Deutschland envía un mensaje claro contra los intentos de desestabilizar la estructura democrática de Alemania, subrayando la determinación del país en proteger su orden constitucional frente a ideologías radicales que buscan revivir una era pasada y conflictiva.
