Tras un largo y complicado proceso de negociaciones, la Unión Europea ha dado un paso significativo en materia de medio ambiente al adoptar la primera normativa que compels a sus Estados miembros no sólo a proteger la naturaleza, sino a tomar medidas activas para su restauración. Este hito se logró a pesar de las reticencias de varios países, destacando un último giro dramático por parte de Hungría que amenazaba con descarrilar la iniciativa, y que fue contrarrestado por la decisiva intervención de Austria, quien, a pesar de salvar la medida, ha prometido recurrirla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La resolución se logró alcanzar gracias a Austria, que cambió su posición a favor de la normativa permitiendo así que el Consejo de la UE consiguiera la mayoría cualificada necesaria para su aprobación. Este cambió de bando se dio en un contexto in extremis, con un 66,07% de la población de la UE representada, apenas un poco más del 65% requerido para que la decisión fuera efectiva.
El reglamento, ya acordado entre los Estados y con aprobación previa del Parlamento Europeo en febrero, solo necesitaba la adopción formal por parte de los Veintisiete. Sin embargo, la repentina oposición de Hungría en marzo casi provoca que el texto no pasara la línea de meta. En este escenario, la ministra austríaca de Medio Ambiente, Leonore Gewessler, jugó un papel crucial como promotora de la biodiversidad, motivada por un reciente cambio en la política interna de Austria que le permitió apoyar la propuesta.
El reglamento establece metas ambiciosas, como la reparación de al menos el 20% de los ecosistemas degradados para 2030, y a largo plazo, la restauración total de todos los ecosistemas dañados para mediados de siglo, incluyendo las tierras de cultivo. Estos esfuerzos se alinean con los objetivos de biodiversidad de las Naciones Unidas y marcan un punto de inflexión en la lucha contra el deterioro ambiental en la Unión Europea.
Con la votación, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia, y Eslovaquia respaldaron la medida, mientras Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Finlandia, y Suecia se opusieron, y Bélgica se abstuvo.
La adopción de esta normativa no estuvo exenta de controversia y se convirtió en un símbolo de la creciente polarización en torno a la agenda medioambiental en Europa, intensificada por las cercanas elecciones europeas y una fuerte oposición de sectores conservadores y agrícolas.
Al final, las obligaciones impuestas por la normativa, tales como la corrección de la disminución de los polinizadores, la recuperación de las turberas desecadas y la eliminación de barreras artificiales en los ríos, marcan un avance significativo hacia la preservación y restauración de la biodiversidad en el territorio de la UE, en lo que representa un legado de acción medioambiental para las futuras generaciones.
