En un giro innovador para abordar el problema de los robos, Australia Meridional ha adoptado una normativa que desalienta a los ciudadanos de ofrecer recompensas por la recuperación de objetos robados sin hacer preguntas. Esta ley busca cortar de raíz la posibilidad de que los delincuentes se beneficien económicamente de sus actos sin enfrentar las consecuencias legales apropiadas.
Australia, un país conocido tanto por sus vastos y hermosos paisajes naturales como por su fauna única, ahora también llama la atención por sus peculiares enfoques legislativos en la lucha contra el crimen. En un escenario donde los hurtos, especialmente de objetos de valor como dispositivos electrónicos, son una preocupación creciente, el gobierno australiano ha decidido tomar medidas poco ortodoxas para proteger a sus ciudadanos y visitantes.
La ley en cuestión prohíbe la publicación de anuncios que ofrezcan recompensas por la devolución de objetos robados si estos implican un compromiso de no realizar preguntas sobre la procedencia del artículo. Esto aborda directamente la problemática de dar incentivos financieros a aquellos que podrían estar involucrados en el robo o en la compra de objetos robados, cerrando una vía que facilitaba la reincidencia delictiva sin repercusiones.
El Código Penal de Australia, en su artículo 202, estipula que aceptar una recompensa de este tipo podría resultar en cargos criminales, y conllevar a condenas de hasta cuatro años de prisión para aquellos que facilitan o se benefician del comercio de bienes robados sin intentar detener o identificar al autor del robo. Además, se aclara que publicar anuncios con la promesa de recompensas, implicando que no se llevará a cabo una investigación sobre la persona que devuelve el objeto, es directamente ilegal.
No solo las sanciones se limitan a multas, que pueden ascender hasta 500 dólares por publicar anuncios propuestos bajo estos términos, sino que también se contempla la posibilidad de penas de prisión para aquellos que sean encontrados aceptando recompensas de forma corrupta. La legislación va un paso más allá al estipular que todo aquel que infrinja esta normativa deberá, además de enfrentarse a la posible pena de cárcel, pagar una multa de 100 dólares por cada infracción cometida.
La originalidad de esta legislación radica también en cómo se distribuyen las multas recaudadas: la mitad de las mismas es destinada al Tesoro Público, mientras que la otra mitad se entrega al informante que haya denunciado la publicación ilegal, incentivando así la participación ciudadana en la lucha contra este tipo de delitos.
Este enfoque muestra el compromiso de Australia con la lucha contra el crimen, buscando innovar en las estrategias de prevención y ofreciendo un claro mensaje sobre la importancia de abordar las causas subyacentes del robo y la venta de bienes robados, en lugar de facilitar la perpetuación de estos actos mediante incentivos económicos sin consecuencias.
