En un reciente y controvertido veredicto, Daniel Sancho, un español de 30 años, ha sido condenado a cadena perpetua por el Tribunal Provincial de Samui, en el sur de Tailandia, tras ser hallado culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. A este grave cargo se adicionan otros dos: ocultamiento de cadáver y destrucción de documentación pública. Sancho evitó la pena de muerte gracias a la atenuación de su condena, una decisión judicial derivada de su cooperación con la investigación de las autoridades tailandesas.
La cooperación de Sancho incluyó la admisión de su culpabilidad en el asesinato y la participación en la reconstrucción de los hechos, elementos que, según el juez, contribuyeron significativamente al esclarecimiento del caso. Esta disposición a colaborar contrasta marcadamente con la actitud de Artur Segarra, otro español condenado en Tailandia hace ocho años por un crimen igualmente macabro: el secuestro, tortura, asesinato y desmembramiento del empresario David Bernat en Bangkok. Segarra, lejos de colaborar, mantuvo su inocencia durante todo el proceso, complicando la investigación de las autoridades.
Sancho y Segarra comparten una historia de violentos crímenes en Tailandia que han capturado la atención internacional, pero sus caminos divergen en sus actitudes frente a la justicia. Mientras que Sancho asumió responsabilidad por sus actos desde el inicio, Segarra se enredó en negativas y cambios de versión. Segarra fue apodado por sus carceleros como el «descuartizador de Tailandia» y enfrentó una condena a muerte, aunque luego solicitó clemencia al rey de Tailandia, apelación que le fue concedida al modificar su pena a cadena perpetua.
En los días previos a los crímenes, ambos españoles ejecutaron acciones premeditadas que culminarían en los asesinatos. Sancho, capturado en cámaras de seguridad, compró cuchillos y otros insumos con los que perpetró el crimen contra el cirujano colombiano. Segarra, por otro lado, preparó su acto delictivo con la compra de un congelador y el alquiler de una vivienda donde escondió herramientas y posteriormente el cuerpo desmembrado de su víctima.
La justicia tailandesa, conocida por su severidad, ha llevado a ambos españoles a enfrentarse a las consecuencias finales de sus actos. Mientras Sancho será ahora trasladado a una prisión de máxima seguridad, Segarra sigue envuelto en complicaciones legales y la espera de una posible extradición a España. En una reciente carta enviada a un programa de televisión, Segarra criticó la justicia tailandesa y calificó las sentencias de «ridículas o desproporcionadas», además de acusar a las autoridades de corrupción.
Este caso resalta la extrema gravedad con la que la ley tailandesa aborda los crímenes premeditados perpetrados tanto por ciudadanos locales como extranjeros. Además, subraya las profundas diferencias en la receptividad hacia la cooperación con la justicia por parte de los acusados, lo que puede resultar en variaciones significativas en el resultado de sus respectivas sentencias.
