En Francia, el refuerzo de la seguridad en torno al domicilio de Bénédicte de Perthuis, la jueza responsable de presidir el juicio que culminó con la condena de la dirigente ultraderechista Marine Le Pen por malversación de fondos europeos, ha marcado una escalada en la tensión política y social del país. Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación política, una sentencia que ha desencadenado una ola de amenazas contra la magistrada, forzando a las autoridades a incrementar las medidas de protección en torno a su vivienda.
La vigilancia reforzada viene tras las «numerosas» amenazas recibidas por la jueza en las horas posteriores a la divulgación de la sentencia, situación que ha sido condenada por el Gobierno francés. El Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha destacado la gravedad de estos ataques contra miembros del tribunal judicial de París, calificándolos de «inaceptables en una democracia» y señalando la preocupación que generan respecto a la independencia judicial. Este clima de intimidación hacia la autoridad judicial ha llevado a la aplicación de rondas constantes de la Policía alrededor de la residencia de De Perthuis, gesto que subraya la tensión existente en el ambiente político francés.
La condena de Le Pen ha sido interpretada por ella y su entorno, incluidos miembros de su partido, la Agrupación Nacional, y aliados extranjeros, como motivada políticamente. La dirigente ultraderechista ha reaccionado a su sanción con declaraciones contundentes, describiendo la actuación judicial como el lanzamiento de una «bomba nuclear» contra su carrera política, y alegando que esto constituye un «robo» anticipado de las elecciones presidenciales de 2027, a las cuales ahora no podrá presentarse.
Este episodio no solo refleja las profundas divisiones dentro de la sociedad francesa, sino que también pone en relieve las crecientes tensiones entre la política y la justicia en el país. Con el gobierno defendiendo la independencia judicial y condenando las amenazas contra los magistrados, y con sectores de la ultraderecha cuestionando la imparcialidad de la justicia, Francia se encuentra en un momento delicado de su historia democrática, donde el equilibrio entre la libertad de expresión, la seguridad de sus ciudadanos y las garantías de un debido proceso judicial parecen estar más desafiados que nunca.
