En Castilla-La Mancha, la campaña de la renta 2023 trae consigo buenas noticias para muchos de sus contribuyentes. Se estima que más de 150.000 personas, que representan cerca del 22% de los contribuyentes de la región, podrán acceder a ventajas fiscales gracias a una serie de deducciones implementadas por el Gobierno regional. Estas desgravaciones son diversas, enfocadas en apoyar a familias, incentivar la actividad empresarial, atraer a la población a las zonas rurales, y fomentar las donaciones con fines sociales, culturales, de investigación o de cooperación internacional.
Durante una rueda de prensa realizada en el Palacio de Fuensalida en Toledo, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, junto a Esther Padilla, consejera Portavoz, expusieron las decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno e introdujeron la campaña institucional de este año. A este encuentro también asistió Susana Pastor, directora general de Tributos y Ordenación del Juego.
Ruiz Molina destacó el carácter «progresivo y solidario» de las desgravaciones fiscales que se implementan y las considera parte de un impuesto sobre la renta justo. Remarcó la intención de mantener una presión fiscal congelada o incluso reducida, en línea con un compromiso asumido por el presidente Emiliano García-Page en 2015. Este paquete de deducciones busca beneficiar a las rentas medias y bajas, manteniendo el equilibrio con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sin poner en riesgo la financiación de los servicios públicos del Estado del Bienestar.
El consejero ha mencionado un crecimiento significativo desde 2018 hasta 2022 en cuanto al impacto económico de estas deducciones fiscales en el IRPF, reflejando un aumento de beneficiarios de 69.000 a 139.000 y un incremento en el volumen de deducciones de diez millones a 48 millones de euros. Estos datos colocan a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad con menor presión fiscal en España y entre las cinco con menor pago de IRPF.
La actual campaña en Castilla-La Mancha presenta 25 desgravaciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF. Estas están enmarcadas en la Ley de Medidas Tributarias de la región de 2013 y la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación de 2021. Las deducciones incluyen beneficios para familias, jóvenes y sectores vulnerables, como por nacimiento o adopción, por familia numerosa, monoparental, por discapacidad, así como para compensar gastos asociados a guarderías, educación, arrendamiento de vivienda y otros.
Adicionalmente, para hacer frente al reto demográfico, se permite a los residentes en zonas escasamente pobladas deducir hasta un 25% de la cuota íntegra, con incentivos también por la compra o mejora de viviendas y para los mutualistas. También se incentiva la inversión empresarial y la generación de riqueza y empleo con deducciones por adquisición de acciones y participaciones, y por inversiones en entidades de economía social, así como para donaciones realizadas a varias causas.
En el ámbito de la financiación autonómica, Ruiz Molina respondió a los periodistas con respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno catalán, describiendo sus planteamientos como «insolidarios, injustos y egoístas». Reiteró el principio de igualdad de acceso a servicios básicos para todos los ciudadanos, una garantía que se vería comprometida bajo el modelo financiero propuesto por Cataluña. Desde Castilla-La Mancha, se pone en entredicho la idea de que Cataluña desee imponer su propia versión de solidaridad y distribución de recursos en toda la nación.
