El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha mostrado su respeto a la decisión de la Diputación de Alicante de presentar un recurso contra el Real Decreto 35/2023, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y establece una reducción en los caudales del trasvase al Segura. No obstante, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha manifestado su total desacuerdo con esta postura y ha afirmado que la región tiene «la razón» en este asunto.
Martínez Arroyo ha explicado que la reducción en los caudales del trasvase al Segura se debe a la aplicación de cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a establecer caudales ecológicos en la planificación del río Tajo. Además, ha destacado la importancia de que se hayan tenido en cuenta los intereses de la España interior y de la gente que vive en el Alto Tajo, Toledo, Talavera y toda la cuenca.
«Por primera vez la cuenca cedente ha sido verdaderamente prioritaria y se han antepuesto los intereses de la España interior, de allí por donde pasa el agua», ha remarcado el consejero, reiterando que la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha sigue siendo firme y argumentada en base a la legalidad y la protección del medio ambiente.
